Escucha esta nota aquí

En completa indefensión han muerto más de 30 personas en varias masacres en las últimas semanas en Colombia. Carlos Andrés Betancourt, familiar de una de las víctimas de la masacre del 16 de agosto, en Samaniego, Nariño, fronterizo con Ecuador, pidió respuestas este 24 de agosto ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado: “Esto no es un ajuste de cuentas, nuestros familiares no tenían relación con el narcotráfico. No hay avances en la sustitución de los cultivos de uso ilícito. En las intervenciones militares de 2006, 2007 y 2008, los civiles fueron los más afectados. Le pedimos al Gobierno que cambie la perspectiva de guerra, apostémosle a la paz”, pidió Betancourt al Senado.

La violencia en Colombia azota especialmente a campesinos, indígenas y afrocolombianos del Pacífico. ¿Cuál es el detonante tras la violencia de las últimas semanas, la falta de voluntad para cumplir el Acuerdo de Paz, o la ineptitud estatal para saldar la deuda social? El presidente de Colombia, Iván Duque, azuza el debate nacional haciendo hincapié en finezas semánticas y aclara que en el caso de las últimas matanzas no se trata de masacres sino de “asesinatos colectivos”. ¿Qué opinan los expertos colombianos? DW habló con algunos de ellos.

Idioma: espejo de empatía y voluntad

“Duque prefiere poner el espejo retrovisor para decir que las matanzas de hoy no son masacres, porque antes del proceso de paz eran peores, con lo que compara lo incomparable y minimiza realmente la dimensión de la violencia, demostrando además, falta de empatía y voluntad”, dice a DW la politóloga Viviana García Pinzón, del Instituto Alemán para la Investigación de América Latina (GIGA), con sede en Hamburgo.

María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz, considera que el Gobierno de Duque intenta hacer una distinción clara entre la violencia de la década de los 90 y la de ahora. Llorente explica a DW que “la distinción entre masacre y asesinato colectivo no es solo retórica, sino real”, e invita a comparar los asesinatos de hoy con las dimensiones de la masacre de El Aro, por ejemplo.

“Término ‘masacre’ denota indefensión de las víctimas”

En la masacre conocida por El Aro (Ituango, Antioquia), paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) torturaron y asesinaron a 15 personas el 22 de septiembre de 1997. Allí, las milicias de ultraderecha acorralaron y torturaron durante varios días a campesinos, y luego los mataron arguyendo que eran “guerrilleros”. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se trató de una masacre cometida contra 15 civiles en estado de indefensión y en la que todos los habitantes fueron despojados de sus bienes y desplazados de su territorio.

“Si bien el concepto de ‘masacre’ no existe en el código penal, el término sí tiene una relevancia sociológica e histórica, toda vez que hace referencia a un concurso de homicidios agravados. Así que, aunque no exista el delito exacto de ‘masacre’, en Colombia sí se ha utilizado por parte de los tribunales”, dice a DW el jurista Walter Arévalo, profesor de la Universidad del Rosario de Colombia, quien apunta que “la sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia, justamente con motivo de la masacre de El Aro, explicó en la decisión de 2018 que se trataba de una ‘masacre social’ definida como un concurso de homicidios agravados o en persona protegida”.

En todo caso, el término “masacre tiene un valor social para denotar la gravedad, la indefensión de las víctimas y la magnitud del delito, que ha sido usado para tales fines de contextualización de los hechos en el derecho internacional humanitario”, concluye el profesor Arévalo, Secretario General de la Academia Colombiana de Derecho Internacional.

El narcotráfico no conoce finezas semánticas

Emilio Archila, consejero para la Consolidación y Estabilización del Gobierno, explica que la presencia de las Farc mantenía acallados los liderazgos: “Una vez salen, hay múltiples manifestaciones de liderazgos que empiezan a hacerse visibles y que ponen en riesgo el control de los narcotraficantes”. Esta es la explicación de Archila a El Espectador de este 24 de agosto. La directora de Ideas para la Paz indica que aún es hora de cumplir con el gran propósito del Acuerdo de Paz, “construir Estado”, justo en las comunidades que necesitan tanto seguridad como educación y salud.

"Un cheque sin fondos”

Luz Marina Becerra, líder de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES), dice a DW que “a pesar de que la ruta de la restauración de los derechos de los afrocolombianos como de las víctimas del conflicto armado está trazada realmente desde mucho antes del Acuerdo de Paz, ese camino no ha sido transitado”, y agrega que eso equivale a que “el Gobierno les ha girado a las víctimas afrocolombianas un cheque sin fondos”.

Becerra recalca que la precaria situación de seguridad de las comunidades negras en el Pacífico colombiano es la consecuencia de “una deuda que el Estado colombiano no ha pagado desde hace décadas, no solo desde el Acuerdo de Paz”.

La solución es social, no únicamente militar

María Victoria Llorente, directora de Ideas para la Paz, afirma que la única constante de la violencia de ayer y hoy son el narcotráfico como motor de la misma y las demás economías ilegales. Llorente destaca que el punto en donde empieza a no coincidir con el Gobierno de Iván Duque es que “si seguimos viendo el problema con el espejo retrovisor vamos a ser incapaces de desarrollar las estrategias contra el problema: grupos fragmentados y localizados del narcotráfico”.

Y resolver el problema, significa para la directora de Ideas para la Paz “no una respuesta exclusivamente militar y policial” a los problemas de las comunidades que dependen de las rentas ilegales. Llorente cita el caso de Samaniego, una de las comunidades donde ocurrió una de las últimas masacres, en donde el alcalde esperaba ser honrado con la visita del presidente de la república y el lanzamiento de una iniciativa social, pero la receta que le llevó Iván Duque fue militar: el anuncio de un nuevo grupo de élite militar y policial. Una estrategia que ha fracasado una y otra vez.

A pesar de la falta de recursos, los ataques, los obstáculos, la falta de voluntad y de estructuras estatales para implementarlo, María Victoria Llorente reconoce el empeño del Gobierno de Duque y, en especial, de la Consejería gubernamental para la Consolidación y Estabilización, y concluye que el Acuerdo de Paz puede aún convertirse en aquello para lo que fue hecho: “Una agenda para que nosotros, como Nación, cerremos las brechas sociales que aún siguen abiertas”.

La respuesta del Gobierno no hubiera podido ser más fácil, explica la politóloga García Pinzón de la Universidad de Marburgo: “Reactivar el apoyo a los campesinos que quieren sustituir la coca por productos legales”, así como está en el Acuerdo de Paz.