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En medio de una profunda crisis política, el presidente de Perú, Martín Vizcarra, se enfrenta a su hora más compleja, en lo que va de su gestión, al haber planteado un adelanto de las elecciones generales el próximo año, tras la negativa de la oposición a respaldar la reforma, tal cual él la había diseñado para combatir la corrupción.

En poco más de un año en el Gobierno, Vizcarra ha defendido una reforma política para eliminar algunas de las situaciones que aparentemente eran utilizadas para fomentar la corrupción en el Legislativo y otros cargos políticos, como la reelección, la financiación de partidos o la inmunidad.

Precisamente Vizcarra asumió el Ejecutivo peruano, tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski en 2018 por los aportes recibidos de la empresa brasileña Odebrecht cuando fue ministro del exmandatario Alejandro Toledo, este con pedido de extradición de EEUU por otro escándalo con la constructora, y tras el destape de una mafia en el Poder Judicial.

La única salida que encontró entonces Vizcarra para dirigir el país fue impulsar la reforma en el sistema político peruano y en el judicial, dado que la judicatura también había adoptado unas conductas de protección a varios de los implicados en el escándalo de Odebrecht y en otros sonados casos de crimen organizado.

Desde el primer día en su Gobierno, Vizcarra afrontó las críticas del fujimorismo, que tenía a su líder Keiko Fujimori en medio de una investigación fiscal por presunto lavado de activos, así como del aprismo que intentó deslindar la responsabilidad del exmandatario Alan García en los sobornos hechos supuestamente por Odebrecht durante su segundo Gobierno (2006-2011).

El mandatario buscó el apoyo de la ciudadanía en un referéndum para sacar adelante los proyectos de la reforma y también amenazó con un cierre del Congreso.

El Congreso, de mayoría opositora, aceptó debatir los proyectos de reforma política, pero el Poder Ejecutivo tuvo que poner un plazo límite para que sean aprobados y entren en vigencia a partir de los comicios generales del 2021, cuando concluía la gestión de Vizcarra y del actual Parlamento.

Al llegar al último día de la legislatura, el Congreso aprobó los proyectos enviados por Vizcarra, pero con algunos cambios en su esencia, que en opinión del mandatario distorsionan su objetivo de reforma política.

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