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El Movimiento al Socialismo (MAS) utilizó ayer como vocero al candidato a segundo senador por La Paz y quien fuera abogado de las víctimas de los hechos de octubre de 2003, Rogelio Mayta, para acusar al candidato por Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, de lavado de dinero por el caso PAT, mientras que desde el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) confirmaron que la audiencia cautelar de su socia, Ximena Valdivia, será este miércoles, aunque no confirmaron la hora.

Carlos Alarcón, abogado de Valdivia y candidato a primer diputado plurinominal por la alianza de Mesa, le dijo a este medio que ni siquiera conoce la imputación formal, menos la confirmación de una fecha de audiencia. “No hemos recibido la imputación, el fiscal (Samuel Lima) parece que solo trabaja a través de los medios.

Tampoco nos han citado para nada”, dijo el jurista. En la oficina de administración de salas del TDJ se confirmó que la audiencia será citada por la Jueza Tercera Anticorrupción de La Paz en el transcurso de hoy; sin embargo, hasta que se notifiquen a las partes no se dio a conocer el horario. Ayer, Mayta convocó a una conferencia de prensa en la que denunció que el 12 de febrero de 2003, mientras policías y militares tenían un sangriento enfrentamiento en la plaza Murillo, “Mesa recibía la suma de Bs 400 mil, equivalentes a más de $us 52 mil a través del lavado de dinero que se realizaba a través de Itaca, la empresa que crearon con Ximena Valdivia, ahora acusada”. Más tarde, Alarcón respondió que Mayta actúa como vocero del MAS “y con su intervención quedó demostrado que esta denuncia es totalmente política.

Está planificada, orquestada y dirigida desde el Palacio de Gobierno para alcanzar dos objetivos: seguir con la guerra sucia para que baje la preferencia electoral por Mesa y porque Morales pretende inmovilizar a la alianza CC, porque este golpe artero a la gerente de este partido busca frenar la estrategia de campaña”, dijo. Denunció que el presidente se siente derrotado y usa estos mecanismos “para derrotarlo. Enfréntese en las urnas, donde Carlos Mesa lo va a derrotar, deje de utilizar a los jueces y fiscales”, dijo.

La exgerente de PAT se querelló primero contra la directora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), María Teresa Morales, porque consideró que esa autoridad la acusó de corrupción por un flujo económico realizado supuestamente entre privados. Todo eso porque una investigación periodística reveló depósitos que Valdivia y otros empleados de la televisora realizaron a las cuentas del canal por $us 800 mil entre 2003 y 2004.

El fiscal Lima, tras tomar declaraciones en las que Valdivia se acogió al silencio, la pasó a la silla de los acusados. La imputó porque no pudo explicar el origen de ese dinero. La Fiscalía la vinculó coincidentemente en un presunto lavado de dinero de, al menos, Bs 6 millones a través de una empresa “pantalla”.

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