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Sorpresivamente, el ministro de Comunicación, Manuel Canelas, y la presidenta de la Cámara de Senadores, Adriana Salvatierra, presentaron ayer un documento que resume el caso papeles de Panamá, a pesar de que el mismo había sido aprobado y remitido a otras instancias en noviembre de 2017. En ese entonces no se mencionaba el nombre del presidente del Comité pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, pero ayer apareció vinculado a tres casos.

“Luis Fernando Camacho apareció en la filtración del (Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación) ICJ con un doble rol, intermediario y officer. Como intermediario, creó tres sociedades offshore: Medis Overseas Corp; Navy International Holding SA. y Positiv Real State SA.; como officer fue beneficiario de estas dos últimas sociedades”, señala la primera parte del punto 5 del documento y que involucra al presidente cívico.

En el informe de 2017 figuraban las empresas Entel Bolivia International Limited EBI; (familia) Marinkovic; Kreidler-Guillaux y el controvertido caso Akapana.

El presidente de Impuestos Internos (SIN), Mario Cazón, y la directora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Teresa Morales, estuvieron presentes en el acto e informaron de los “avances” que lograron desde que recibieron la información de la Asamblea Legislativa. En el caso del SIN, se dijo que implementaron mecanismos de control y lograron recuperar unos Bs 20 millones, además de iniciar procesos coactivos a medio centenar de empresas. El ejecutivo no brindó nombres de los procesos ni de las empresas enjuiciadas.

Morales también dijo que conformaron un equipo de investigación sobre la base de los funcionarios legislativos que realizaron el trabajo de recopilación y que, producto de ese trabajo, remitieron dos casos al Ministerio Público y a la Procuraduría General del Estado. Esos dos casos ya habían sido identificados en 2017 y en su informe pedían que los casos Marinkovic y Akapana sean investigados por estas instancias.

Ayer, en el Ministerio Público de La Paz informaron que en el sistema de denuncias o casos nuevos no fueron ingresados y esperaban el trámite burocrático. En el sistema del Tribunal Departamental de Justicia tampoco existe ningún caso denunciado por la UIF contra los responsables de esas empresas.

Ausentes

Esta comisión estaba conformada por nueve legisladores, seis del MAS, dos de UD y uno de PDC. Los diputados opositores, Víctor Gutiérrez (UD) y Édgar Rendón (PDC) afirmaron que no conocían de este nuevo informe. Gutiérrez explicó que la Asamblea Legislativa entregó una serie de tareas a la Fiscalía y a la Procuraduría, pero que la comisión dejó de trabajar luego de la entrega.

Asimismo, dijo que hace dos meses, el empresario Samuel Doria Medina fue notificado con una multa del SIN por este caso y que ese reporte era público. No obstante, EL DEBER consultó al empresario y este mandó a informar que nunca fue notificado.

El diputado Rendón, tampoco conocía del acto y recordó que él, como opositor, presentó ante la comisión un informe en minoría que nunca fue considerado.

Respuesta del cívico

El presidente del Comité pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, observó que en el informe de 2017 su nombre no aparecía “ni en las recomendaciones” y que lo que hicieron en esta ocasión es elaborar un nuevo informe en coincidencia a la “lucha democrática que tiene preocupado al Gobierno”.

“Están buscando cómo amedrentar, como perseguir y hacer un show para que uno se calle. Yo no me voy a callar y voy a seguir manteniendo el discurso”, afirmó.

Camacho añadió que se hace cargo de las empresas observadas y recordó que en el primer informe “todo salió limpio”.

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