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El vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Antonio Costas, cuestionó ayer al Ministerio Público por la inacción demostrada en la resolución de los delitos electorales por presunto traslado y registro irregular de votantes con fines electorales en los departamentos de Beni y Pando. No descarta llevar a la justicia a los funcionarios que demoran los procesos.

“En realidad hay dos delitos electorales, uno radica en Riberalta y otro en Cobija. El segundo estaba siendo llevado de una manera oficiosa; sin embargo, el fiscal ha liberado al alcalde (de San Pedro, Fabio Durán), que, de acuerdo a la denuncia, se tiene la sospecha que él hubiera promovido este registro (irregular de votantes). En el caso de Pando, el Ministerio Público ha demostrado una inacción absoluta, ya que el caso está paralizado”, afirmó Costas durante una entrevista en EL DEBER Radio.

La autoridad electoral aclaró que el TSE no puede intervenir en los procesos, ya que el Ministerio Público y los administradores de justicia son independientes y no descartó posibles procesos en contra de los funcionarios que no actuaron con oportunidad y eficiencia en la resolución de las denuncias. Costas hizo notar que el TSE está cerrando el padrón electoral y advirtió que un equipo está todavía en custodia por fines investigativos.

“Hay una máquina que está en custodia, tendremos que confirmar los datos que están en este equipo, ya nos permitirán hacer algunas acciones para ver si realmente hubo traslado con propósitos electorales y, tal vez, motivar a que las autoridades del Ministerio Público hagan algo” declaró el vocal Antonio Costas.

Respecto a la situación de las personas que fueron registradas presuntamente de manera irregular en Riberalta, Costas dijo que esta aún es incierta y que deberá ser resuelta por el juez electoral competente.

Costas recordó un caso de traslado de votantes con fines electorales de Santa Cruz a Porongo, en el que la extinta Corte Nacional Electoral determinó la depuración de los ciudadanos registrados de manera irregular.

Por su parte, el fiscal de ambos casos, Xiomar Ulloa, dijo en contacto telefónico con El DEBER no estar autorizado para suministrar información a los medios de comunicación; solo puede informar a las partes del proceso.

El primer caso de presunto traslado de votantes se conoció el 15 de junio en el hotel Campos, cuando una notaria electoral del Tribunal Departamental de Pando, Gleizi N. B., fue sorprendida por personas particulares haciendo registros en Riberalta, Beni. El video del caso se hizo viral por redes sociales.

El segundo hecho salió a la luz el 14 de julio. A denuncia de los vecinos del municipio San Pedro, la Policía allanó un domicilio, que resultó ser la casa del alcalde Fabio Durán (MAS), donde se encontró un equipo de empadronamiento. Durán estuvo prófugo durante dos semanas y fue aprehendido en un centro de salud. El juez del caso determinó su detención preventiva y luego de una semana lo benefició con detención domiciliaria con salidas laborales. Actualmente, continúa fungiendo como alcalde, según reportó el periodista Joe Cortez.

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