Escucha esta nota aquí

El presidente Luis Arce Catacora llega a la emblemática cuenta de los primeros cien días de gobierno con pocas señales claras de lo que será su período de gestión de cinco años en materia de economía, que es donde confluye gran parte de la atención de la población porque de ella depende el bienestar de las finanzas familiares, el empleo, las inversiones y el balance de ingresos contra egresos del país.

Tras casi seis años de que comenzara a producirse un déficit comercial en la balanza de pagos, y después del catastrófico 2020 mundial que tiró por los suelos los ingresos de los países por la aparición de la pandemia del Covid-19, el presidente Arce prácticamente no ha salido del discurso que responsabiliza a Jeanine Áñez de los males económicos del país.

En el recuento de medidas económicas del Gobierno aparecen como relevantes el pago del denominado Bono contra el Hambre de Bs 1.000, la ampliación del diferimiento de créditos y la promulgación de la ley del impuesto a las fortunas, que se prevé le dará al país un ingreso de unos 14,3 millones de dólares que serán cobrados a las personas que tienen patrimonios superiores a los Bs 30 millones. De ahí en más, se desconoce qué otras medidas contempla el Gobierno para aumentar los ingresos del país y salir de la crisis.

La agenda que sí generó varias noticias en este tiempo es la política: si un discurso ha caracterizado al presidente Arce en estos 100 días ha sido el de la colocar toda la responsabilidad de la crisis al gobierno transitorio de Jeanine Áñez, y cuando lo hace prácticamente no suele hacer referencias a que al margen de los desaciertos gubernamentales, la principal explicación del desastre está marcada por la llegada del Coronavirus y su secuela de cuarentenas, confinamientos, cierre de fronteras, caídas de las ventas, cierre de negocios, despidos de trabajadores y otros fenómenos lamentables.

En sus intervenciones, Arce trató de instalar en el país la referencia al Gobierno de transición como un “Gobierno de facto” producto de un “golpe de Estado”.

Por lo demás, en los últimos días el presidente ha dado continuidad al lamentable mal ejemplo de Morales en períodos electorales en los que se chantajeaba a los electores para que voten por el candidato de su partido si querían recibir obras. Los ciudadanos bolivianos son iguales por derecho y merecen la misma atención del Estado por más que unos voten azul y otros rojo, verde o naranja.

En la vereda del frente del poder, en la Asamblea Legislativa, el partido en función de Gobierno impulsa procesos contra Áñez, militares y policías que supuestamente participaron en los enfrentamientos sociales de octubre y noviembre de 2019.

Con la justicia de su lado, al MAS no le resulta difícil, como ejemplo, lograr la condena a un Rafael Quispe a dos años de cárcel por denunciar actos de corrupción, mientras en paralelo y el mismo día aprueba una ley para liberar de responsabilidades a los acusados del fraude electoral de 2019 y hechos de violencia política y delincuencia de bloqueadores afines al partido de Gobierno.

Con relación a la atención a la pandemia, el Gobierno ha demostrado hasta aquí que tiene mucho interés por adquirir la mayor cantidad de vacunas posibles para inmunizar a la población contra el Covid-19, y por eso ya se tienen al menos comprometidas las suficientes dosis para la población vacunable. Ahora habrá que esperar que eso se cumpla y que se elabore un plan de vacunación rápida para evitar las demoras excesivas que se dieron con las primeras 20.000 dosis.

En política los primeros 100 días se suele identificar como el período de gracia de un gobernante, una especie de tiempo en el que se le permite todo, incluso equivocarse, para que organice su equipo y planifique su gestión de cinco años. Pasados esos tres meses con sus diez días, viene el tiempo en que se esperan acciones concretas y efectivas. A ese periodo el país está ingresando en este cruce de la línea de tiempo imaginaria.

Comentarios