17 de mayo de 2022, 4:00 AM
17 de mayo de 2022, 4:00 AM


Este 15 de mayo se recuerdan catorce años de aquella histórica promulgación de la ley 001, que ponía en vigencia el Estatuto Autonómico del departamento de Santa Cruz. Era el epílogo de un proceso que asumió todo el pueblo cruceño con valentía y sano patriotismo, siempre ávido de libertad y del derecho a la autodeterminación regional.

Todo se inició con la CPE de 2004 que erige la figura del referéndum como expresión soberana de la voluntad popular, que “delibera y gobierna” (Art. 4). En julio de 2006, durante el referéndum nacional vinculante, Santa Cruz votó para ser departamento autónomo con más del 71% de los votos.

La Ley del Referéndum abrió el camino para convocar un referéndum departamental el 4 de mayo de 2008, luego de seguir todos los pasos legales que ello conllevaba. Nadie se pronunció de manera contraria, no lo hizo ni la Corte Nacional Electoral ni tampoco el Tribunal Constitucional. 

La pregunta de aquel plebiscito era si se aprobaba la “puesta en vigencia del Estatuto del Departamento Autónomo de Santa Cruz, aprobado el 15 de diciembre de 2007 por la Asamblea Provisional Autonómica”. Triunfó el sí con más del 86%. El cardenal Julio Terrazas, un ícono por la lucha social y la unidad del país, también votó, demostrando la legalidad de este plebiscito.
Esta decisión de pleno derecho del soberano, el pueblo, hizo que el Consejo Departamental (Asamblea Departamental) sancionara la norma que ponía en vigencia el nuevo Estatuto cruceño y la creación de la Gaceta Oficial del departamento autónomo de Santa Cruz. Fue designada ley 001, la misma que fue promulgada por el gabinete prefectural el 15 de mayo de 2008. 

De esta manera terminaba el círculo virtuoso de un proceso que nació en Santa Cruz y se expandió a toda Bolivia. Por esta decisión, el Ministerio Público, la Procuraduría y la Contraloría iniciaron un juicio en 2012 a 12 ciudadanos servidores públicos, miembros del ejecutivo departamental.

Durante este tiempo, hubo restricción a la libertad y libre locomoción. No se podía organizar anteladamente ningún viaje, sea para asistir a congresos, controles médicos o visitar a familiares cercanos, porque no se conocía cuándo el juez convocaría a una audiencia. Cualquier ausencia significaría que la Corte inmediatamente dicte una orden de detención por rebeldía. A ello se suma la desazón de las familias muy preocupadas por el desenlace de este injusto juicio.
Pasaron doce largos años. En el camino perdimos a un militar ejemplar que falleció (Gral. Elías Eduardo), varios sufrimos emergencias quirúrgicas o pasaron por Terapia Intensiva a causa de la covid. Otros perdieron su trabajo o no pudieron avanzar con sus emprendimientos.

Finalmente, este pasado jueves 12 se conoció la sentencia. Los once acusados fuimos declarados inocentes, una decisión objetiva e imparcial, demostrando que aún hay razones para creer en un Órgano de Justicia justo. Sin embargo, este hecho puntual y doloroso que transitamos recuerda a todos los ciudadanos que aman la libertad y el desarrollo de su terruño, que el proceso autonómico estatuyente no ha concluido.

Persistirá todo el tiempo que sea necesario, hasta arrebatarle el poder omnímodo al centralismo, causante de un Estado fallido. Eso sí, para llegar a puerto seguro, se exige la unidad de nuestras autoridades y el apoyo civil de las instituciones.
Más allá de la ansiedad y el desasosiego de este largo calvario y luego de escuchar el veredicto, todo este grupo humano quedó más que nunca convencido que se actuó de buena fe y conforme a ley, pero sobre todo orgullosos de haber cumplido con el mandato del pueblo.

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