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Cuando en el mundo entero los países buscan desesperadamente aprovisionarse de vacunas contra el Coronavirus, en el centro Los Almendros de Guayaramerín desconocidos se robaron 500 dosis. El hecho fue noticia nacional e internacional y mereció una rápida investigación del Ministerio Público y la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen.

Y no era para menos, en estos tiempos han renunciado ministros de Estado en otros países por haber beneficiado a un pequeño puñado de personas que no estaban ni en grupos de riesgo ni en edad para recibir las primeras dosis.

Frente a esas cuatro o diez vacunas desviadas por favores políticos como ocurrió en países vecinos, 500 dosis es una lotería en estos tiempos.

Sin embargo, en horas de la noche del día siguiente los ladrones se pusieron capuchas para no ser reconocidos y dejaron el botín en las afueras del mismo centro de donde las tomaron.

No deja de ser hasta gracioso que los ladrones no solo dejaron el lote en las puertas de Los Almendros, sino que además gritaron “Aquí están sus vacunas”, casi como una expresión de frustración y probablemente cierto enojo porque se quedaron sin nada.

En una decisión correcta, las autoridades sanitarias decidieron no utilizar las 500 dosis porque no se tiene certeza de que durante su desaparición éstas hubieran mantenido la cadena de frío para conservar su efectividad. Es decir, tendrán que ser destruidas.

Así, 250 personas mayores de 60 años y con enfermedades de base que debían recibir las dosis y que viven en aquella zona fronteriza con Brasil se quedaron sin la inyección y ahora probablemente estarán expuestos a contraer el virus.

Más allá del lamentable perjuicio provocado por irresponsables que deben ser castigados, el hecho debe llevar a tomar previsiones para evitar que en adelante no solo ocurran casos similares, sino principalmente para impedir que surja en el país un mercado negro de la vacuna.

No es descabellado pensar que vacunas de los próximos lotes traídos por el Estado pudieran ser también sustraídas con fines de uso personal o con objetivos comerciales. Por eso es preciso dejar una buena lección a los ladrones de vacunas de Guayaramerín, para que nadie más se anime en adelante a intentar lo mismo.

Por otra parte, conociendo la idiosincrasia boliviana donde los comerciantes no dejan pasar una oportunidad para lucrar con la necesidad y el dolor ajeno, se deben tomar previsiones para controlar el posible surgimiento de ofertas con vacunas falsificadas. Dicho de esa manera, hoy mismo eso puede sonar casi improbable, pero en Bolivia esas y otras aberraciones inimaginables pueden hacerse realidad. Eso lo vemos a diario en la vida cotidiana y principalmente en el ámbito político.

Si en algún momento la vacuna se comercializa legalmente a través de los establecimientos farmacéuticos privados, ese será el momento en que aparecerán ofertas hasta en Marketplace, y entonces el riesgo de la aparición de un mercado negro y de falsas vacunas será mayor.

Por ahora, ni siquiera en los países más desarrollados del mundo la vacuna se vende de manera privada, y la razón es muy simple: no hay vacunas para comprar. La demanda de los Estados es tan grande, que los fabricantes aún no tienen capacidad de cumplir con ellos.

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