Opinión

A propósito de las ‘almas podridas’

Maggy Talavera 28/5/2017 04:00

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El vicepresidente ha dicho que quienes cometen y toleran agresiones sexuales “tienen el alma podrida” y merecen, por lo tanto, “quedarse 100 años en la cárcel”. Por eso, añade, el presidente y él ya están haciendo una nueva ley para imponer cadena perpetua “a los violadores de niños y niñas”, en casos que terminen en muerte. Es más, el vicepresidente incluso anticipó que convocarán un referéndum en 2018 para consultar a la población.

Imagino que el anuncio debe haber arrancado aplausos en más de un ciudadano, y esto debiera preocupar, por una razón: esas ‘almas podridas’ bien podrían estar soportando la pena máxima actual de 30 años, pero no es así, y no por falta de una ley que castigue sus crímenes, sino por falta de ‘almas no podridas’ en las instituciones responsables de punir esos y otros delitos graves que van desde la violencia hasta la corrupción.

¿Se imagina una carta blanca para dar cadena perpetua, en manos de fiscales y jueces que carecen de las condiciones para hacer una investigación idónea, por decir lo menos, o que les falta idoneidad para procesar y condenar de acuerdo a ley, por señalar un extremo cada vez más común en nuestro sistema judicial? Esto sin contar tantas otras ‘almas podridas’ que, sin ser parte del sistema, interfieren en él con miles de artimañas.

Antes que pensar en reformas parciales para radicalizar las penas, el presidente y el ‘vice’ deberían rectificar su apuesta al control y manipulación de la justicia y comprometerse a respetar la independencia de poderes. Es más barato y más efectivo. Eso, claro, si es verdad que les preocupa acabar con las ‘almas podridas’, fáciles de identificar en casos de alta visibilidad, brutalidad e impunidad, como lo fue el asesinato de Hanalí Huaycho, o el del bebé Alexander, o el del mismo viceministro Illanes.
Podría llenar columnas enumerando víctimas de violencia, cuyos autores siguen impunes. Peor: casos en los que los únicos castigados resultan ser los que osaron testificar para identificar a los criminales. Como lo visto en Jorori, la comunidad en la que se encontró in fraganti al director de su escuela en un motel, con una alumna de 14 años. Las que se llevaron la peor parte son la niña, las maestras y la secretaria que permitieron descubrir el acoso. ¿Y el de BTV, en el que una denunciante de acoso termina despedida y el acosador denunciado, ascendido? 

Dije que podría llenar columnas citando casos, y es cierto… pero paro por aquí, no sin insistir en alertar que el anuncio del ‘vice’ entraña más bien peligro antes que salvación. 

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