Opinión

A una semana de las elecciones judiciales

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26 de noviembre de 2017, 7:17 AM
26 de noviembre de 2017, 7:17 AM

Como ocurrió el 16 de octubre de 2011, el próximo domingo los bolivianos concurriremos a votar para elegir a las nuevas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Judicatura. Como ocurrió la primera vez, cuando la abstención superó el 20% y cuando los votos nulos y blancos casi llegan en algunos casos al 60%, un clima de desconfianza y de desinformación preceden al nuevo sufragio. 

Cuando se analiza el resultado de la primera gestión de las autoridades elegidas por el voto popular, el balance es negativo, según lo reconoció el propio Gobierno, que llegó a mencionar en algún momento su intención de revisar la reforma constitucional. Prácticamente, los cuatro órganos judiciales han quedado desmantelados o con sus miembros procesados y desprestigiados. Este experimento de entregar al pueblo la decisión de elegir mediante el voto a sus autoridades del Poder Judicial penosamente nació con más dudas que certezas. Si se buscaba por esta vía terminar con el viejo mal de una justicia históricamente perforada por intereses políticos, no se lo consiguió. El antiguo defecto permaneció, probablemente de forma incluso más visible y peligrosa que antes. 

El Gobierno ha mencionado que la justicia está enferma y ha reconocido el fracaso de la pretendida revolución en este Poder, al que se le reclama, desde el origen de la República y ahora del Estado, una auténtica independencia. Si durante muchos años el cuoteo político de los tribunales fue burdo, ahora aparecen tan o más vulnerables que antes a presiones de grupos de interés. Poco o nada cambió de fondo con la novedad del voto para elegir a los magistrados, considerando que la selección de los candidatos se hizo la primera vez por la mayoría oficialista. Tampoco hay señales que devuelvan el interés y la confianza del votante en el proceso. Es cierto que se intentó dar un paso con el cambio de procedimiento de preselección de los postulantes y con la presencia del sistema universitario como garante. No obstante, la modificación no alcanzó para despejar las sospechas de politización. Se conoció, por ejemplo, que 73 de los 96 candidatos fueron funcionarios públicos. De todos los postulantes, 23 estuvieron ligados a cargos del Ejecutivo. Con esos antecedentes, es difícil concurrir a las urnas con la certeza de que el proceso está libre de la contaminación política, pese a los esfuerzos evidentes del Órgano Electoral en la comunicación y en la logística para votar.   

Es más, la difusión de los méritos y deméritos de los candidatos judiciales ha pasado a un segundo plano, ya que el eje del debate es el peso del voto nulo y del válido como demostración del rechazo o de la aprobación de la gestión gubernamental. En ese clima de confusión, se apuesta otra vez por un experimento que ya falló antes.

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