Abordaje del cáncer desde la sociedad civil, una tarea emergente

El cáncer es una enfermedad que empezó a convertirse en una de las principales preocupaciones de la salud pública en todo el mundo, debido al aumento de su incidencia y por el impacto social y económico que representa. Es una patología muy compleja para describirla, especialmente por sus mecanismos moleculares y por su amplia variedad de presentación, sucintamente podemos definirla como una patología que se origina en lo más profundo de nuestras células, las cuales empiezan a deformarse y alterar sus funciones, produciendo, en efecto, alteraciones en nuestra fisiología, especialmente cuando estas células anormales empiezan a crecer e invadir otros órganos (metástasis). 

Esta transformación maligna celular se debe a una alteración en los genes que regulan su funcionamiento (crecimiento y síntesis de proteínas) ya sea por un factor puramente hereditario (genético) o causado por exposición continua de nuestros cuerpos a elementos nocivos que dañan las células, como el tabaco o los rayos UV, los cuales son elementos que pueden contrarrestarse con la prevención, ya sea dejando de fumar o usando cremas de protección solar.

Según la información ofrecida por Globocan (Observatorio Global del Cáncer) perteneciente a la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la OMS, indica en su última actualización de 2020 que en Bolivia hubo 15.817 nuevos casos de cáncer, con una prevalencia de 35.467 pacientes, de los cuales, los cánceres de cuello uterino, próstata, mama, útero y de vesícula biliar son los más frecuentes (siendo el primero el de mayor incidencia con 55.56 casos por cada 100.000 mujeres).

Otro indicador interesante de esta fuente es el “riesgo acumulado”, que es de 26,6 para la incidencia y de 21,2 para la mortalidad por cáncer en nuestro país, durante una vida de 74 años. Eso significa que un boliviano sin factores de riesgo, a la edad de 74 años tiene la probabilidad aproximada del 25% de desarrollar o morir por cáncer.

Si bien las proyecciones de la OMS indican un aumento en la incidencia de pacientes con cáncer a nivel mundial, surge la siguiente pregunta: ¿nuestro país está preparado para abordar esa realidad?, pues una respuesta objetiva la podemos encontrar en un estudio publicado el 2019 por The Economist Intelligence Unit, el cual analizó 12 paises latinoamericanos para cuantificar su Índice de preparación para el abordaje del cáncer (ICP), Bolivia aparece con la puntuación más baja por debajo del promedio, debido a las observaciones que realizaron sobre las limitaciones existentes en la disponibilidad de servicios sanitarios, de recursos humanos especializados y en la planificación política, como también observaron la ausencia de programas de investigación oncológica,  y de políticas que contribuyan al desarrollo de estilos de vida saludables,  junto a una restringida acción intersectorial en la planificación de proyectos contra el cáncer, la cual se puede evidenciar palmariamente en las constantes protestas de pacientes con cáncer exigiendo mejoras para la asistencia sanitaria ante el descuido político de las mismas.  

Para completar este panorama, un informe titulado “Las unidades de oncología desde una mirada de derechos humanos” publicada por la Defensoría del Pueblo en Bolivia, el año 2022, analiza exhaustivamente y de manera más íntima nuestra realidad oncológica, pone en evidencia la falta de acreditación de los servicios de oncología de los 8 hospitales públicos habilitados para abordar pacientes con cáncer, debido a que no cuentan con los requisitos mínimos, lo que se refleja en la infraestructura improvisada de los servicios, en la deficiencia de equipos y la falta de capacidad para satisfacer las demandas de internación, teniendo en cuenta que solo dos hospitales públicos (el Instituto Oncológico del Oriente Boliviano de Santa Cruz y el Instituto Nacional de Cancerología Dr. Cupertino Arteaga de Sucre) son los únicos que cuentan con el servicio de radioterapia, imprescindible para el tratamiento del cáncer a nivel nacional, dificultando el acceso a los pacientes oncológicos de regiones que no cuentan con servicios técnicos disponibles.

Otro elemento que se resalta, es la falta de terapias de apoyo sicosocial para el paciente y sus familiares, que son de innegable beneficio, siendo respaldados por varios estudios en los que se evidencia un aumento en la tasa de supervivencia y una disminución en la percepción de dolor en estos de pacientes.

A pesar de que el Gobierno intenta resolver esta problemática, como se lo avizora con la apertura y funcionamiento del Instituto de Medicina Nuclear y Radioterapia de El Alto, inaugurado el 2022, con la implementación de las vacunas contra el VPH en mujeres jóvenes para prevenir el cáncer de cérvix, o con el fomento a la producción nacional de insumos oncológicos como la FDG (Fluorodesoxiglucosa), aún existen grandes desafíos por afrontar, comenzando con la necesidad de fortificar el sistema sanitario para que garantice un real acceso igualitario a la salud, atendiendo demandas sanitarias específicas de cada región. 

Todo ello precisa de planificación de estrategias con objetivos concretos para maximizar la terapia y prevención de cáncer en la población, en consecuencia, se necesita para ello mayor investigación, voluntad política y financiación.  

Si el contexto político en nuestro país muchas veces impide la elaboración o viabilización de proyectos de cualquier naturaleza, entre los que también están los concernientes al ámbito sanitario, y considerando que la demanda de infraestructura, recursos humanos e insumos de pacientes oncológicos cada vez es mayor, surge la necesidad de organizarse a la sociedad civil para contribuir parcialmente a tratar esta problemática, al menos desde el ámbito preventivo.

Si bien es cierto que ya existen organizaciones y fundaciones que ayudan a pacientes con cáncer, muy pocas se enfocan en la promoción, prevención y concienciación de esta problemática. Se precisa crear una sensibilización colectiva sobre el cáncer, y reforzar la noción de servicio social, especialmente en aquellos periodistas, influencers, intelectuales, médicos, o personas con gran capital social, para aprovechar sus vínculos, sus conocimientos y sus seguidores, con la finalidad de estructurar una “comunidad” que haga de la información una herramienta para contribuir a la prevención del cáncer y mejorar los estilos de vida para que reduzcan la probabilidad de padecerlo.

Esta comunidad de divulgación permitirá abordar el “desafío social del cáncer”, que implica enfrentarnos a nuestras costumbres, rituales y comportamientos que pueden ser potenciales factores de riesgo para desarrollar cáncer, así podremos tener conciencia al respecto, para manejarlos individualmente.

El hecho de saber qué hábitos y qué elementos, a los que nos exponemos son perjudiciales o buenos para nuestra salud, nos permitirá realizar modificaciones en nuestro estilo de vida. Porque será beneficioso e importante saber que el consumo constante de carnes cocidas con carbón (churrascos) aumentan nuestra exposición a los alfa-benzopirenos, que son químicos cancerígenos, predisponiéndonos al cáncer gastrointestinal, o que el elevado consumo de licopenos (abundante en los tomates o zanahorias) ayudan a prevenir o retrasar el cáncer de próstata. 

Ese tipo de información nos los pueden proporcionar profesionales a través de aquellos ciudadanos con bastante influencia mediática, con noción de servicio social, formando así “comunidades divulgativas”, contribuyendo en beneficio de la salud boliviana, para contrarrestar con un pequeño (pero profundo) aporte a las deficiencias sanitarias en lo referente a cáncer.

Enfocándose en la prevención, ofreciendo datos y herramientas para que los bolivianos puedan mejorar su estilo de vida y disminuir así su “riesgo acumulado”. Con la intención de disminuir la incidencia de cáncer en las próximas décadas, como también los costos para el estado y para las familias bolivianas a largo plazo, frente a un sistema que aún tiene varios desafíos pendientes.