A seis meses de gestión, el gobierno del presidente Rodrigo Paz enfrenta una de las etapas más complejas desde su llegada al poder. No se trata únicamente de una crisis económica marcada por inflación, tensión cambiaria, déficit fiscal y malestar social. El problema es más profundo: el Ejecutivo comienza a exhibir señales preocupantes de debilidad política e institucional en un momento en que el país necesita exactamente lo contrario.
La administración de Paz conserva, por supuesto, la legitimidad de origen y el poder formal del Estado. Pero gobernar no consiste solo en administrar decretos, convocar diálogos o emitir discursos de conciliación. Gobernar implica construir poder político real, tomar decisiones y sostenerlas incluso frente a la presión de sectores corporativos acostumbrados a imponer condiciones mediante bloqueos, violencia o chantaje callejero.
El oficialismo carece de una bancada parlamentaria sólida que garantice gobernabilidad. Convoca encuentros nacionales y mesas de diálogo, pero no avanza hacia pactos políticos transparentes y de largo plazo. Busca proyectar firmeza frente a organizaciones sociales movilizadas, aunque los hechos terminan revelando retrocesos y capitulaciones. Ocurrió con decretos que debieron ser revertidos y también con la polémica Ley 1720, promulgada primero y desactivada después ante la presión de grupos movilizados.
Ese patrón transmite una señal peligrosa: la percepción de que basta incrementar la presión para doblegar al Estado. Pero el problema más grave es otro. Bolivia empieza a convivir peligrosamente con la impunidad.
Existe un personaje político acusado de delitos extremadamente graves que continúa lanzando arengas desde Lauca Ñ, rodeado de seguidores dispuestos incluso al sacrificio personal con tal de impedir que responda ante la justicia. En cualquier democracia seria, semejante escenario sería inadmisible. Ningún Estado que aspire a preservar autoridad y credibilidad puede normalizar que un acusado desafíe abiertamente al régimen legal mientras el aparato público parece resignado a observar desde lejos. Y el problema no termina allí. A diario se observan grupos violentos camuflados detrás de organizaciones sindicales, campesinas o barriales que destruyen propiedad pública y privada, bloquean carreteras, secuestran y agreden periodistas o amenazan a ciudadanos que piensan distinto. Muchos de esos sectores ya ni siquiera esconden su desprecio por la institucionalidad democrática. Actúan convencidos de que jamás enfrentarán consecuencias.
La pregunta es inevitable: ¿hasta cuándo? El presidente Paz debe comprender que mirar hacia otro lado es un error político monumental. La historia reciente demuestra que los gobiernos debilitados por la indecisión terminan devorados precisamente por aquellos grupos que creen poder condicionar permanentemente al Estado. Ninguna administración puede impulsar reformas profundas, enfrentar la crisis económica o recuperar estabilidad si previamente no restablece su autoridad.
En ese contexto también aparece el debate sobre las organizaciones no gubernamentales. Es evidente que muchas ONG cumplen un papel valioso mediante investigaciones académicas, defensa de derechos y activismo social constructivo. Generalizar acusaciones es irresponsable y peligroso. Pero si el Gobierno afirma contar con pruebas sobre financiamiento, coordinación o respaldo a movilizaciones violentas que dañan al país, entonces debe actuar con absoluta transparencia y firmeza.
Bolivia atraviesa un momento decisivo. El presidente y su gobierno tienen todavía margen para corregir errores, recuperar autoridad y reconstruir confianza. Pero el tiempo político comienza a agotarse. Gobernar implica decidir, ejecutar y asumir costos. No se puede intentar quedar bien con todos. Mucho menos convivir indefinidamente con la impunidad. El diálogo es con los ciudadanos y la ley debe aplicarse con todo rigor a los delincuentes.