16 de diciembre de 2023, 7:00 AM
16 de diciembre de 2023, 7:00 AM

El viceministro de Régimen Interior se puso las botas de campaña y lideró el operativo policial en la comunidad Pailitas de Las Londras, dizque para aprehender a un empresario señalado de ser el autor de la muerte de un colonizador en la provincia Guarayos, hace casi dos semanas. La acción resulta tardía y carece de credibilidad, ya que el resultado de tan aparatoso operativo es la captura de tres trabajadores del campo; es decir, como siempre, los más vulnerables.

Hace 15 días hubo un enfrentamiento en el que murió una persona y 14 terminaron heridas. Se trata de un combate entre dos sectores que han tomado tierras fiscales: los campesinos de la Federación Única y los Interculturales que forman parte de un sindicato en San Julián. Ambas facciones pertenecen al Movimiento Al Socialismo y ahora están enfrentadas; pero ambas cometen ilegalidades que son toleradas por el poder.

El enfrentamiento duró varias horas. La Policía demoró en llegar a la zona y, cuando lo hizo, no logró entrar a las tierras en conflicto. La razón es que estaba tomada por gente armada e inescrupulosa y, aunque no lo digan, la institución del orden tiene miedo de llegar a un choque, aunque también reina un velo de protección, porque estos grupos irregulares armados vienen operando hace más de dos años y nadie ha sido capaz de ponerles freno.

Uno de los sectores en conflicto, los interculturales de San Julián, perdió a uno de sus miembros (es el fallecido del enfrentamiento) y sus dirigentes no dudaron ni un instante para “condenar a muerte” a los empresarios que hay en la zona, esos a los que ahora acusa el Gobierno, a través del viceministro Aguilera, con lo que da la razón a los que hablan de usar las armas y lanzan amenazas mortales.

Pese a que las sentencias fueron públicas, la Policía no salió a detener a los que las lanzaron a los cuatro vientos; al contrario, las justificaron. Por tanto, los violentos pueden seguir haciendo de las suyas, pese a que en sus filas hay hombres identificados como torturadores y secuestradores de periodistas, policías y trabajadores agrarios hace un par de años.

Detrás de esta ecuación hay intereses económicos y electorales. Los primeros tienen que ver con el tráfico de la tierra, con la complicidad de funcionarios del INRA. Los segundos tienen que ver con el afán del MAS de copar espacio para sumar votantes y ganar así la arisca plaza cruceña. El precio es demasiado alto. Por un lado, la salvaje depredación de los recursos naturales, la eliminación de bosques y la provocación de un calentamiento mayor en Santa Cruz que el que padece el resto del planeta (según estudio de la Fundación Tierra). La otra factura es la vida humana que pareciera ser un simple daño colateral cuando existe la lógica de que el fin justifica los medios.

Entonces, Aguilera tendrá que hacer más que show para ganar credibilidad con sus acciones. No es correcto aprovecharse de los más débiles para pretender que se hace justicia. El país le creerá cuando vaya detrás de los verdaderos violentos y cuando demuestre que no hay territorio sin Estado en Bolivia.

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