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Otra vez, y como un deja vu reciente, el país vuelve a sumirse en la incertidumbre de su servicio de aeronavegación comercial por un nuevo conflicto entre los trabajadores de Aasana que paralizarán actividades desde este jueves, suspendiendo los vuelos de manera indefinida en todo el territorio nacional.

Si bien los dirigentes de los trabajadores de Aasana dijeron, como una concesión, que atenderán los sobrevuelos de aerolíneas que pasan por el cielo boliviano y las emergencias sanitarias que llegan con vacunas y oxígeno, el daño para los usuarios, las empresas y el país es enorme y pone una vez más en riesgo la categoría de los aeropuertos bolivianos en el contexto de los acuerdos internacionales.

Bolivia está jugando con fuego con estos paros continuos; hace un mes se cumplió una protesta similar que paralizó los aeropuertos nacionales para todo tipo de vuelos, y una tardía intervención del Gobierno logró el retorno a la normalidad después de prácticamente una jornada completa de perjuicio. 30 días después, la figura se repite.

Los trabajadores reclaman al Gobierno el pago de salarios atrasados desde noviembre de 2020 y el cumplimiento de un acta de entendimiento firmado en abril para gestionar un fondo rotatorio de Bs 83,8 millones para atender las necesidades económicas del sector aeronáutico.

Según la dirigencia del sector, estaba en manos de las autoridades evitar que se ejecute el paro de actividades.

Esta nueva paralización de vuelos se produce precisamente en los días en que la Agencia Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) auditará las operaciones aéreas en Bolivia, y con las irregularidades que se presentan es muy probable que el país pierda la categoría 1 en aeronáutica y pase a la 2, lo cual conlleva una serie de perjuicios económicos porque en ese caso varias aerolíneas internacionales no podrían operar en los aeropuertos bolivianos ni sobrevolar el territorio nacional.

Un buen porcentaje de los ingresos de Aasana proviene del uso del cielo boliviano para el sobrevuelo de aerolíneas internacionales, principalmente vuelos relacionados con Argentina y Estados Unidos.

Esta crisis se suma a otras observaciones que existen sobre la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), por el despido de 60 profesionales calificados que fueron reemplazados por personal sin experiencia en un rubro sensible y de alta especialización.

Algunas otras de las consecuencias de la reducción de categoría de los aeropuertos bolivianos son que Bolivia no podrá abrir nuevas rutas a Estados Unidos ni podrá aumentar la frecuencia de los vuelos actuales con destino a Miami; y las aerolíneas bolivianas tampoco podrán hacer acuerdos comerciales con empresas estadounidenses para la cooperación de rutas y la división de tramos entre ambos países.

Recientemente la FAA degradó a categoría 2 la seguridad aérea de México porque ese país no cumple con las exigencias de seguridad establecidos a nivel mundial por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
Otros países que fueron degradados a la categoría 2 son Venezuela, Bangladesh, Curazao, Pakistán y Ghana.

La DGAC y Aasana debieran ser entidades institucionalizadas, alejadas del copamiento político por militantes del partido gobernante. Cuando menos esas entidades, vinculadas a una actividad que requiere de profesionalismo y especialización debieran quedar al margen del peguismo boliviano. Lo que está en juego no es poco.

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