Afrenta a la iglesia
Hace un trienio que la Comisión de la Unión Europea ha publicado un plan que debe ayudar a innovar a los medios de comunicación, alentando a editores y periodistas, apoyando la inversión en tecnología, la transferencia del conocimiento y la mejora de la cualificación de los profesionales del sector, necesario para un periodismo que genera la información que nos permita formar nuestra propia opinión sobre cuestiones sociales, políticas y económicas.
Se puede considerar que esta estrategia comunicacional es un hito, si la mayoría de los países financian a los medios a través de los derechos de licencia de televisión y radio pública y, en algunos casos, mediante subvenciones o desgravaciones fiscales para la prensa.
Pero, hoy en día, lo que precisan los medios no son solo subvenciones, publicidad, sino innovación, para trabajar más allá de las fronteras.
Es vedad que una mezcla saludable de ingresos de publicidad, suscripciones, filantropías y ayudas públicas de los gobiernos contribuirá a los medios privados independientes a contrarrestar la desinformación, por los acontecimientos políticos de los últimos quince años, que han supuesto una amenaza existencial para nuestras democracias.
Se suma a la complejidad y fragilidad comunicacional, el tratamiento económico desigual de los gobiernos, el pesimismo social y el creciente sentimiento antidemocrático que ha pasado a acciones arbitrarias, propiciando condiciones para un desorden informativo no deseado, que está poniendo al descubierto las debilidades del sistema como efecto del sunami que tiene por cuna la política impostura del gobierno.
El caldo de cultivo de la discriminación, amenaza y el miedo al diferente, junto con el temor a perder medianamente el nivel económico alcanzado dignamente por los medios de comunicación social privados, no es un dato superfluo para la sociedad boliviana. Al revés, pensamos que es la confirmación de la -afrenta y asedio a medios-, esta vez a la Iglesia Católica.
La Iglesia Católica lleva dos mil años dando lecciones de moral es cosa bien sabida. Y, precisamente por ello, debería suscitar la alegría de quienes con fe voluntariamente han decidido pertenecer a ella, y la más respetuosa indiferencia de quienes hayan optado profesar otras religiones, o no tener ninguna.
Lo que no es habitual, pero al parecer lleva camino de serlo en este mundo de pandemia y al revés en que vivimos, es que sea primero la iglesia la que reciba lecciones de moral, y que lo haga de manos de quienes ni pertenecen a ella, ni por asomo compartan sus creencias, valores y principios, ni sientan la más mínima inquietud por su futuro y, segundo, que sin considerar que los Obispos de Bolivia, reunidos en la Centésima Octava Asamblea de la Conferencia Episcopal Boliviana en su mensaje: somos bolivianos – somos hermanos (16-04-2021) han convocado a la reconciliación y restablecer un clima de justicia y paz, que es tiempo de afrontar por una cultura de encuentro fraterno de integración y encontrar soluciones consensuadas a los problemas comunes.
Algunos después de decir que se deben de prescindir de determinados ritos, dejar de lado ciertas convicciones de fe incompatibles con la modernidad, terminan ocultándose en un supino desconocimiento de las obras sociales que realiza la Iglesia Católica, de cuál es su noble misión y dónde se encuentra el día de hoy. Amen, de una inversión de ayudas filantrópicas en educación, proyectos sociales, hogares de ancianos, niños de las calles y educación por radio y televisión, labor que la hace respetable y seria, para eso no precisa de ningún “Cóndor de los Andes” y de ninguna aureola de oro. Porque a esa altura ¿quién se atreve y dónde se ha visto al zorro aconsejando al pastor cómo conducir su rebaño?
Ahora bien, el partido de Luís Arce Catacora parece descargar su artillería sobre la Iglesia Católica, tomando como punto de lanza al Ministro de Defensa para causar -afrenta y hostilidad contra la Diócesis de San Ignacio- al emitir la Resolución Ministerial Nº 0129 del 5 de marzo de 2021, que expropia el cerro donde la Diócesis de San Ignacio ha instalado las torres para la transmisión de radio Juan XXIII y el Canal TV San Ignacio; medida que Monseñor Roberto Flock califica como una acción hostil y autoritaria, abrogando un acuerdo de 2019 de cesión de media hectárea de terreno consolidada en otra resolución emitida por el gobierno en octubre de 2020.
Sin duda que la preocupación de Monseñor Roberto Flock es justa, porque en cualquier momento se pueden cortar las transmisiones en toda la zona poblacional y es una afrenta a la Iglesia, por tres elementos principales: 1. Que el Ministro de Defensa asume competencias que no le concede la Ley, porque las expropiaciones de terrenos es atribución de las Alcaldías Municipales, porque la expropiación se impondrá por causa de necesidad y utilidad pública, calificada conforme a ley y previa indemnización justa (art. 57 CPE); 2. Se vulnera el derecho a la propiedad privada y la libre expresión e información por medios de comunicación social (numeral 5 del art. 21 CPE) y 3. No se comunica con carácter previo de la medida a la Diócesis de San Ignacio, situación que viola el derecho a la información, al debido proceso y la defensa amplia; configurando este cúmulo este despropósito la -afrenta y arbitrariedad a la Iglesia Católica y medios de comunicación social privada-, censurable de toda perspectiva contra el ministro de defensa Edmundo Novillo, que bajo una finísima capa formada en normas, desconoce el Estado de Derecho y sus competencias.
Caño, Antonio, (2018: 11) dice: “Nuestras sociedades están asediadas por la injusticia y la desigualdad, sin que la arbitrariedad sea políticamente plausible”.
