Aguantar
El presidente Arce ha repetido varias veces en la última semana que la población debe aguantar el embate del Covid-19. Podemos especular si esta expresión, reiterativa y no espontánea, refleja impotencia, incapacidad, rendición frente al incontenible avance de la segunda ola o es consecuencia de su incomodidad por tener que poner la cara por la decisión de su partido de “meterle nomás” a las elecciones en la fecha original, a pesar de todas las advertencias científicas y médicas de que esta decisión amenaza gravemente la salud y la vida de la población. Pero quizás aún más, es que esa frase representa la suma de las anteriores causales. En todo caso, refleja la renuncia y el fracaso de Estado, a una de sus principales responsabilidades, la cual es organizar una respuesta conjunta y eficaz frente a una agresión extraordinaria, como es la segunda ola de la pandemia de este coronavirus.
En mi opinión, el presidente confunde lo que a estas alturas de su aún incipiente gestión le debe parecer ya una condena a la ausencia efectiva de responsabilidad del Gobierno nacional, por la población que necesita que se solucione con urgencia la actual combinación de crisis sanitaria, social y económica, convertida en un círculo vicioso que se agrava día a día. En estas condiciones, el presidente Arce entiende que su única opción posible, como persona y como Gobierno, es aguantar. Sin embargo, esa no es la responsabilidad para la que fue electo ni, mucho menos, la alternativa a la que la población tiene que resignarse.
Al Gobierno le pasa lo mismo que a una familia que tiene uno de sus miembros gravemente enfermo; como seres humanos haremos todo lo posible para atenderlo y curarlo; durante semanas, meses o años nos dedicaremos a lograr su recuperación y salvarle la vida. Para ello gastaremos nuestros ahorros, venderemos nuestros bienes y nos endeudaremos si es necesario, incluso cuando los médicos nos digan que hay pocas probabilidades. El Gobierno no puede resignarse a que los contagios seguirán creciendo sin límite y que se perderán muchas vidas. Sabemos que esto es inevitable, pero es su obligación moral y su responsabilidad constitucional hacer todo lo posible para salvar la mayor cantidad de vidas. Cada contagio que se evite, será una vida menos en riesgo, cada vida que se salve, habrá justificado los recursos que los ciudadanos pagan para sostener al Estado.
Obviamente, esto requiere una concepción humanista de la política. Una visión por la cual entendamos que el centro de la sociedad y la finalidad de la existencia del Estado, es la persona humana, en el pleno ejercicio de su libertad, su dignidad, sus derechos y su integridad. Por increíble que parezca esta forma de pensar para gobernar es una excepción en la historia. Aún hoy, existen muchas naciones gobernadas por concepciones autoritarias de la política, que ponen en el centro de la acción estatal, la preservación y concentración del poder para quienes lo detentan, generalmente personificado en un caudillo, quienes camuflan como servicio al Estado el sometimiento de los ciudadanos al entorno del poder. Los bolivianos lo hemos padecido muchas veces.
¿Hasta dónde el cálculo político/electoral puede sacrificar vidas que una política diferente o distintas medidas podrían salvar? Solo hasta donde la sociedad civil lo permita con su silencio o con su indiferencia. Este debate lo tiene que asumir el conjunto de la sociedad para evitar un drama humanitario y social, que ya estamos comenzando a sufrir con la segunda ola y que puede agravarse muchísimo más con una tercera ola que podría golpearnos durante el próximo invierno.
Para la gran mayoría de la ciudadanía, las vacunas no serán la solución durante el primer semestre de 2021. Es necesario reconocer que nuevamente se enfrenta una emergencia y adoptar medidas que mitiguen el alto costo sanitario, social y económico que causará la falta de acciones oportunas.
