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En el peor año de la economía que se recuerde en Bolivia por la prolongada pandemia del Covid-19 que paralizó casi completamente la actividad productiva en el país, las empresas se ven obligadas por ley a pagar el aguinaldo hasta este lunes 21 de diciembre.

La ley es inflexible en este sentido, y el Gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, emitió un instructivo que señala el pago obligatorio e impostergable del aguinaldo hasta el día 21, mientras que hasta el 31 se deben entregar las planillas de confirmación del pago del beneficio.

Ayer esa misma cartera de Estado recomendó a empresarios y trabajadores establecer consensos sobre el pago del aguinaldo, pero a la vez precisó que el Ministerio no reconoce acuerdos internos entre empleadores y empleados en el pago del beneficio.

Después de desenredar esa confusa posición del Ministerio de Trabajo, muchas empresas tendrán, por tanto, que endeudarse, dejar de cumplir otras obligaciones de las que depende el funcionamiento de su actividad productiva y encontrar quién sabe qué otras salidas imaginativas para cumplir con la ley a como dé lugar.

Sin embargo, otras empresas directamente no pagarán el aguinaldo, porque no están en condiciones de cumplir con el pago esta gestión por lo menos en el plazo establecido del 21 de diciembre por la dramática paralización de actividades, en algunos casos de seis meses y en otros de más tiempo o por el funcionamiento de las empresas a media máquina.

El Ejecutivo fue inflexible con la dirigencia de los empresarios, que habían propuesto modificar este año los términos del pago del aguinaldo con el objetivo de cumplir de manera flexible mediante algunas alternativas desde el acceso a créditos blandos hasta ampliar los plazos o destinar una parte de los montos al consumo de productos nacionales.

La respuesta del Ministerio de Trabajo fue un contundente ‘no’, y ‘sin escuchar siquiera al sector privado y sin considerar que esta medida radical e inflexible va a aportar al cierre o la quiebra de empresas que estaban empezando a recuperarse’, según expresiones del presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Luis Fernando Barbery.

Datos de la CEPB permiten constatar que las empresas privadas en Bolivia contratan a más de 800.000 trabajadores, lo que implica un pago de 446 millones de dólares en aguinaldos. 

La crisis de la pandemia ha puesto al 18 por ciento de esas empresas en riesgo inminente de cierre y el 58 por ciento de ellas está a poco de tomar la decisión de disminuir personal.

En el otro lado del río, el secretario ejecutivo de la Central Obrera Departamental de Santa Cruz, Sósimo Paniagua, afirma que las empresas deben contemplar el pago del aguinaldo desde el primer mes y no reaccionar cuando se acerca la fecha de pago. 

La pregunta es ¿Cuánto se puede provisionar en meses en que los ingresos fueron igual o cercanos a cero? Eso es lo que ocurrió durante los meses más duros de la pandemia.

En legislación laboral Bolivia es seguramente un caso único en el mundo: las empresas deben pagar dos aguinaldos si la economía crece por encima del 4,5 por ciento; deben pagar un aguinaldo si el crecimiento no llega a ese porcentaje; pero igualmente deben pagar ese aguinaldo incluso si la economía decrece al 8 por ciento bajo cero, como ocurrió este año.

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