Ahora se violan derechos humanos
El Gobierno de Luis Arce demuestra estar decidido a aplicar mano dura en todas las acciones de persecución y detenciones, y en ese propósito ni siquiera repara en que varios de sus procedimientos son violatorios a los más elementales derechos humanos de las personas.
La mayor evidencia de esos atropellos es la situación de la expresidenta Jeanine Áñez, a quien ni siquiera se le permitió acudir a un centro médico la tarde de este miércoles cuando sufrió una descompensación producto de su mal de hipertensión.
¿Pensaría el ministro de Gobierno o de Justicia que Jeanine Áñez se iría a escapar y burlar a la escolta policial que acompaña a un detenido enfermo en estos casos? La atención médica oportuna es un derecho de todas las personas, incluidas las que guardan detención. En la historia de Bolivia se le ha permitido concurrir a clínicas a recibir atención médica a dictadores militares, delincuentes comunes y narcotraficantes recluidos incluso en penales de máxima seguridad.
¿Cuál es la razón de que se le niegue ese mismo derecho a una expresidenta del país, detenida además en base al testimonio de una testigo, tomado cuando Áñez ya se encontraba recluida en la cárcel de Obrajes de La Paz?
El mensaje de escarmiento parece muy claro: si a una expresidenta le hacen eso, el destino de cualquier otro ciudadano sin esa investidura puede ser aun mucho peor.
Impresiona, a la vez, la actitud indiferente del presidente Luis Arce, que después de no ser visto en público por una semana reapareció para hablar de economía, como si Bolivia no estuviera atravesando por una delicada crisis política por la persecución de militares, policías, exautoridades y ahora también candidatos de la oposición ganadores de la elección reciente del 7 de marzo.
Eso le está pasando a Iván Arias, ganador en primera vuelta de la Alcaldía de La Paz, a quien de pronto le aparecieron dos citaciones; a Luis Fernando Camacho, ganador de la Gobernación de Santa Cruz con quien el Gobierno hace cálculos y no tiene inconveniente en declarar que con él hay que ser cuidadosos y establecer una estrategia diferente.
El siguiente de la lista es el exrector de la Universidad de San Andrés y militante de la causa de los derechos humanos Waldo Albarracín, a quien ‘casualmente’ le aparece una denuncia de paternidad no asumida, a la que él respondió indignado porque ese ataque le parece una canallada y está dispuesto a hacerse la prueba de ADN.
Cosa peor le ocurrió al líder de la denominada Resistencia Juvenil Cochala, Yassir Molina, a quien se llevaron descalzo de Cochabamba a Sucre. Al no encontrar ninguna prueba en su contra, una valiente jueza chuquisaqueña decidió liberarlo, pero enseguida le llovieron amenazas a la magistrada y por separado en Cochabamba volvieron a detener a Molina.
El Gobierno perdió no solo las formas, sino que también se pasa por encima el Estado de derecho y somete a cada uno de los ciudadanos que piensan diferente a la ideología dominante en una situación de absoluta indefensión, propia únicamente de las dictaduras militares que el país ya había olvidado.
Aparte ministros y voceros hablan con consignas y libretos preestablecidos, de esos que suelen instruir los regímenes totalitarios que a fuerza de décadas en el poder aprendieron las artes de la manipulación, para negar una y otra vez que el Gobierno esté detrás de todas las persecuciones y atribuirlas a acciones independientes de la justicia. Saben que nadie les cree, pero aun así lo repiten incansablemente. Pobre país.
