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23 de marzo de 2022, 4:00 AM
23 de marzo de 2022, 4:00 AM

Por Enrique Gonzales, Coordinador Nacional para Bolivia de Estudiantes por la Libertad Latinoamérica

Cada cierto tiempo hago un importante recordatorio: Las instituciones públicas y las empresas privadas son de diferente naturaleza.

Una institución pública no puede manejarse ni pensarse con la misma lógica que se manejaría una empresa y viceversa. No se trata de una regla que si se la rompe alguien será amonestado, sino que es simplemente imposible. Pretender que, por ejemplo, la Gobernación, funcione igual que... digamos una aseguradora, es una confusión gigante.

Sí, está todo este asunto de la imposibilidad del cálculo económico (si de teoría económica se trata) y las diferencias con los Estados de Resultados (poniéndolo solo en términos contables y analizando la naturaleza de los ingresos), pero se puede evidenciar la diferencia en algo más simple que todo eso: la propiedad.

En la empresa, las políticas y reglamentos que trazan su rumbo -más allá de que son algo cambiante, o al menos deberían si la empresa es seria- están bajo las disposiciones de los dueños. Los dueños, a través de la gerencia o sus directores (a veces son ellos mismos, como en la gran mayoría en este pueblo), deciden qué se hace y qué no bajo la lógica de “porque me da la gana”. Y es que se puede hacer esto sin problema alguno para la operatividad general de la empresa. Si las decisiones tomadas por el dueño son malas, pagará el precio con un menor rendimiento en el mercado. Listo, o endereza o se acostumbra a facturar poco.

En cambio, en una institución pública no hay tal cosa como “un dueño” y no, eso de que “todos nosotros somos los dueños” no es verdad. Una institución pública no se amolda ni a la jerga ni mucho menos al funcionamiento de una empresa. En una institución pública, otra vez pongo como ejemplo la gobernación (así con minúsculas), no se podría alterar su operatividad de la noche a la mañana porque le dio la gana, digamos, al gobernador, ya que esto implica herir el sistema de frenos y contrapesos institucionales que impide que la Gobernación sea un pequeño imperio atropellador. Además, la arbitrariedad en las instituciones públicas o las “pequeñas excepciones” a las reglas dan lugar a otro tipo de acciones excepcionales que, con el tiempo, poco tienen que ver con el beneficio ciudadano.

Esto es mortal en una institución pública porque a diferencia de una empresa -que está sujeta al escrutinio del mercado en tiempo real- esta no responde a nadie porque no presta ningún servicio que alguien elija voluntariamente y pague por él. O sea, se pueden cometer errores cuyas consecuencias no serán detectadas inmediatamente porque no hay un flujo informativo con el consumidor final y con la institución, que afecte el ingreso de dinero.

Mejor lo digo así: Si en una empresa uno se pone arbitrario porque sí y le pela, deja de entrar plata porque eso afecta las ventas. En una institución pública si alguien se pone en plan de mandar como en su chaco, dicho de manera más coloquial, y sus decisiones son malas, la plata igual sigue entrando porque no viene de vender, sino del cobro de los impuestos, entre otras cosas que no tienen nada que ver con ofrecer bienes y servicios.

En pocas palabras, cada vez que alguien piensa que una institución pública puede manejarse como una empresa, está dejando una puerta abierta para cometer errores que no van a ser fácilmente detectables y que no van a perturbar el funcionamiento corriente de la institución. En apariencia, todo va a seguir igual ahí, pero con los ciudadanos perjudicados.

La arbitrariedad, el autoritarismo, el “hago lo que me da la gana porque soy autoridad” es un vicio que se contagia. Después hasta el auxiliar del ayudante del chofer de algún funcionario público quiere andar de atropellador y prepotente.
Bajo la misma línea de diferencia, es importante también señalar algo más y que se pasa por alto a propósito: Quien sea hábil en el mundo empresarial, no necesariamente lo será en el terreno político.

El empresario y el político razonan de forma diferente debido a la naturaleza de los campos en los que ejercen liderazgo (empresarial y público). No distinguir esto es nocivo para la vida institucional porque el empresario que razona como empresario e ingresa a la política sin entender esta diferencia, cree que debe competir como en su reducido sector de mercado (superando a la competencia, ofreciendo mejores servicios, identificando amenazas) pero en política no recibe la retroalimentación que recibía antes por parte de sus consumidores, así que actúa a ciegas. Las instituciones públicas no se pueden gestionar como una empresa porque en ellas no hay forma de medir los beneficios.

El economista austriaco Ludwig von Mises fue especialmente certero al señalar el asunto: “Hay lugares y actividades humanas en las que no es posible realizar cálculo económico ya que no hay un sistema de precios”, por lo tanto, no importa el pasado empresarial del político de turno, al estar en una institución pública se convierte, a toda luz, en un burócrata. Su objetivo ya no es generar beneficios sino actuar de acuerdo a normas que, dicho sea de paso, en este país son muy frágiles y están en constante amenaza por los autoritarios de turno: los que piensan que las instituciones públicas son su reino.

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