En Bolivia, lo legal no siempre es lo legítimo. La postulación a la Presidencia de los actuales alcaldes de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, y de El Alto, Eva Copa, ha reabierto un debate que debería preocuparnos como sociedad democrática. La norma no los obliga a renunciar a sus funciones, pero la ética política —que debiera estar por encima del cálculo personal— exige una decisión clara: o se es autoridad municipal o se es candidato. Pretender ser ambos a la vez es un despropósito institucional.
Las campañas presidenciales no son actividades accesorias ni de medio tiempo. Exigen presencia en todo el territorio nacional, despliegue de recursos humanos, tiempo para debates, propuestas, estrategias, recorridos, alianzas. El ejercicio responsable de una alcaldía en ciudades tan complejas y dinámicas como Santa Cruz y El Alto también requiere dedicación exclusiva, liderazgo pleno, atención cotidiana. La incompatibilidad entre ambas funciones no es solo evidente: es insalvable.
El riesgo más obvio —y más grave— es la utilización de recursos públicos con fines proselitistas. No se trata únicamente de vehículos oficiales, personal municipal o actos disfrazados de gestión. El solo hecho de que una autoridad en funciones combine campaña y administración genera una zona gris donde florecen los abusos. Es imposible distinguir con claridad cuándo habla el alcalde y cuándo el candidato, y esa confusión debilita la credibilidad institucional.
El caso de Santa Cruz es especialmente alarmante. Varios concejales han oficializado su intención de postular a cargos nacionales, incluso a la presidencia, como si eso no implicara un conflicto con sus funciones actuales. Los ejemplos abundan: actos proselitistas en horario laboral, ausencia de sesiones clave, participación activa en estructuras partidarias mientras siguen percibiendo sueldos del erario público. Los casos más visibles es el de Juan Carlos Medrano, actual candidato a la Vicepresidencia. ¿Cuántas horas dedica a su función? ¿Cuántas a su campaña? ¿Quién paga por ese tiempo compartido? Similar situación es la de Silvana Mucarzel, involucrada, además en la pugna por curules con la UCS.
No se trata de prohibir la participación política. Se trata de exigir reglas claras y comportamientos decentes. El problema no es la candidatura, sino la renuncia a una coherencia mínima. Manfred Reyes Villa, alcalde de Cochabamba, pidió licencia para lanzarse a la carrera presidencial. Su decisión no disipa todas las dudas, pero al menos reconoce el conflicto ético y administrativo que implica esta doble condición. Ni Fernández ni Copa han dado ese paso, y eso dice mucho.
En tiempos de desconfianza ciudadana, de desgaste institucional y de desencanto democrático, los liderazgos tienen el deber de dar el ejemplo. Gobernar una ciudad no puede ser un trampolín hacia la presidencia ni una plataforma para construir imagen a costa del presupuesto municipal. Las campañas deben ser libres, limpias y justas. Y eso empieza por garantizar que ningún candidato use las ventajas del poder en ejercicio para posicionarse.
El silencio de los órganos de control, la pasividad del Concejo Municipal, la falta de autocrítica de los propios partidos solo profundiza la sensación de impunidad. Si no hay ley que impida este doble rol, debería haber al menos una conciencia política que lo cuestione. Porque si la política deja de regirse por principios y se rinde solo al oportunismo, entonces no hay institución que resista.
Al final, la ciudadanía sabrá evaluar estas conductas. Pero la democracia no puede quedar librada solo al juicio del voto. También necesita reglas claras, límites éticos, coherencia entre el discurso y la acción. Ser alcalde o ser candidato es una elección. Lo inadmisible es querer ser ambos a la vez. Porque eso no solo pone en duda la integridad de quienes lo hacen, sino que vulnera el principio más básico de la democracia: el respeto al bien común.