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Después de nueve días singulares en Santa Cruz, y con la normalidad transcurriendo por calles, avenidas y rotondas de la ciudad capital, es posible mirar hacia atrás sin la presión de la noticia ni el ruido de los petardos para explorar qué dejó en limpio, a manera de aprendizajes, lecciones y observaciones, el paro cruceño, el segundo más largo de su historia después de los 21 días de octubre y noviembre de 2019.

La primera constatación que salta a la vista es que este pueblo tiene un estilo propio para protestar, mucha energía para sumar voluntades y suficiente fuerza para conseguir los objetivos que se propone. Existe aquí una disciplina de lucha, a la manera cruceña, que sin desmerecer a otras regiones levanta al departamento como el más combativo en la defensa de los intereses democráticos del país.

Dicho desde adentro pudiera resultar algo subjetivo y hasta poco creíble, pero en la conquista de la derogatoria de la ley 1386 el peso de Santa Cruz fue determinante para inclinar contundentemente la balanza. Así lo reconocen desde otras ciudades del país.

El desenlace de estos nueve días ha puesto en escena también una inédita alianza estratégica entre sectores no necesariamente afines en sentido político: la articulación de gremiales y transportistas, tradicionalmente asociados con una cercanía al gobernante Movimiento Al Socialismo, con el Comité Cívico cruceño, de oposición, ha conseguido una victoria política sin precedentes, que podría reeditarse en el futuro en nuevas batallas democráticas.

Una alerta a considerarse es que en este conflicto el Gobierno puso en marcha, aunque de manera aun precoz, desorganizada y dejando burdas evidencias de la manipulación, su estrategia para enfrentar a ciudadanos movilizados con violentos grupos civiles de choque, como aquellos que transitaban en camionetas incautadas de Dircabi, cuando menos con la complicidad de la Policía.

Al mismo tiempo, el conflicto reveló el nuevo rostro de la Policía Nacional, que tuvo una penosa actuación de represión de la protesta, con excesos inadmisibles para este tiempo como amenazar a niños y jóvenes en un grotesco abuso desproporcionado, y en otros casos se alineó a los grupos de choque organizados desde el MAS o desde el Gobierno.

La institución del orden debe proteger a los ciudadanos por igual y evitar los hechos de violencia y los excesos sin importar de qué lado del río se encuentran cada uno de ellos. Aliarse con los grupos de choque, defenderlos o dejarlos actuar delante de ellos como se vio en Santa Cruz como antes en La Paz en los enfrentamientos en la sede de Adepcoca, es indigno y vergonzoso para los policías.

La Policía Nacional tiene que decidir si quiere ser una institución respetable, que conduzca sus acciones según sus estatutos y por tanto merecer el aprecio de la ciudadanía, o quiere ser el grupo armado de choque de un partido en el poder que la maneja arbitrariamente y a su antojo desde el Ministerio de Gobierno.

Finalmente, las Fuerzas Armadas tuvieron un rol también lamentable: nadie se cree la historia de que llegaron a Santa Cruz a festejar el Día del Ejército con equipos de guerra y regimientos enteros desde el interior. Y aun si así hubiera sido, los comandantes militares tendrían que haber adoptado un mínimo de sentido común para no “festejar” en una ciudad que estaba en conflicto. La sola presencia de las FFAA con tanques de guerra y sobrevuelos rasantes fueron ejercicios de guerra psicológica contra la población civil.

Esas son apenas algunas de las lecciones de este noviembre combativo. Sin duda, las hay más.

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