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Amnistía y persecución

José Luis Santistevan J 18/2/2021 05:00

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¿Por qué dictar un Decreto Presidencial habiendo otro Decreto (4426) vigente hasta diciembre 2021 dictado por el mismo presidente Luis Arce? ¿Por qué dictar un Decreto Presidencial 4461 si en su mayoría los casos de acusación de delitos graves en contra de Evo Morales han sido rechazados?

Evo Morales, expresidente sumergido en el abuso de poder y la corrupción, durante 11 años violó la actual CPE y destruyó la institucionalidad del Estado. Aprovechó los 2/3 de la asamblea y se apropió de la Justicia, Procuraduría, Contraloría, Fiscalía y el Defensor del Pueblo, ésta última hace dos años es interina, sus actos son nulos y solo tiene validez ante una justicia sometida al poder. Nada cambió de aquello. Ahora con mayoría absoluta el presidente Arce retoma la ruta del abuso y la persecución.

El fundamento de su Decreto Presidencial pretende justificar delitos de lesa humanidad, como el bloqueo del suministro de oxígeno en plena pandemia, argumenta que el supuesto motivo fue por defender la democracia. Una contradicción al objeto de la amnistía y violación a los Derechos Humanos que pretende lavar los delitos de Evo Morales y el MAS.

¿Por qué el último Decreto Presidencial de Amnistía e indulto violenta principios de derechos humanos y constitucionales?

1. Conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) art. 2 ,7 y 10 todas las personas son iguales ante la ley y ninguna puede ser discriminada por la justicia. Concuerda con la Convención Americana en su Art. 1, 8 y 24. El Decreto solo habla de un tiempo determinado y para todo tipo de delito (sin límite de penas) vinculado al ejercicio del gobierno de la ex presidenta Jeanine Añez.

2. El Decreto Presidencial utiliza terminología al margen de la hermenéutica jurídica y la realidad histórica como: Golpe de Estado y Gobierno de facto, uso de militares y policías para derrocar un gobierno, llegando a realizar una apología del delito, cuando la actuación de la anterior asamblea, cuyos 2/3 eran del MAS, anuló las fraudulentas elecciones del 20/10/2019 mediante Ley 1266. Antes, reconociendo el fraude el propio Evo Morales en la antesala de su renuncia. Algunos diputados actuales del MAS, que hoy mencionan golpe de Estado, aprobaron la Ley 1266.

3. Violenta el Art. 255 y 410.II de la CPE, cuando desconoce que sobre las investigaciones de los hechos de octubre/noviembre 2019 existe una investigación en pleno proceso por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes GIEI encomendado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en franco desconocimiento a la Convención cuyo Órgano competente es la CIDH. Desconoce el acuerdo firmado para que se investiguen los hechos de una manera imparcial, ante la toma de la justicia por el MAS. Este es un acto elemental, puesto que para interponer una denuncia ante la CIDH se tienen que agotar los recursos de jurisdicción.

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