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Arbitraria detención del líder cívico cruceño

19 de febrero de 2022, 8:19 AM
19 de febrero de 2022, 8:19 AM

El presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, tendrá que cumplir arresto domiciliario, le dieron arraigo y una fianza de Bs 30.000 por orden del juez Primo Flores, por uno de los varios procesos que se le sigue, en este caso por los supuestos delitos de incumplimiento de deberes y ejercicio indebido de la profesión.

En la audiencia, el líder cívico no pudo tener el apoyo de su abogado, quien fue impedido de participar en esta y las anteriores ocasiones. El Ministerio Público imputó a Calvo por ejercicio indebido de la profesión en la Caja Petrolera de Salud, lo que fue desvirtuado por la defensa, pero por la acusación de incumplimiento de deberes se le dictó las medidas sustitutivas.

En palabras de su abogado Martín Camacho, a quien no se le permitió concurrir a la audiencia de Calvo, el juez no fundamentó correctamente ni con congruencia el supuesto delito de incumplimiento de deberes y tampoco consideró el principio de proporcionalidad ante un tipo penal relativamente sencillo al imponer una medida cautelar extremadamente fuerte.

Se acusa a Calvo de no concurrir a su fuente laboral, pese a que se demostró que él estaba declarado en comisión por ser dirigente médico. Con ese mismo argumento, todos los dirigentes sindicales del país, que suman varios miles, debieran ser procesados y tener detención domiciliaria.

Enseguida, como quien cumple un libreto de rutina, salieron los representantes del MAS a decir que no hay ninguna persecución judicial contra Calvo y que, por el contrario, no están de acuerdo con la orden del juez, porque ellos esperaban que se dictara detención preventiva en Palmasola contra el líder cívico.

Los hechos muestran contrastes aberrantes que no dejan duda de que en Bolivia se ha perdido hasta la vergüenza, el disimulo o el sentido de oportunidad; ni siquiera les importa que en estos días está en el país el relator de Naciones Unidas para la independencia de jueces y abogados, Diego García-Sayán, porque igual “le meten nomás”, y le dan detención domiciliaria a un dirigente cívico por un cuestionable delito menor que ni siquiera se le ha probado.

En los hechos, es un castigo por las luchas de Santa Cruz contra el MAS. En la expresión popular, se diría que “se la tenían jurada”, y tenían que encontrar cualquier excusa para golpear con el palo represor de las ideas contrarias.

Pero hace apenas dos días, al senador Hilarión Padilla Mamani del MAS, acusado de violar a una joven, sus colegas parlamentarios lo encubrieron y simplemente le dieron “licencia sin goce da haberes” en lugar de alejarlo de su representación. Padilla ofreció un cargo en YPFB a una joven, le dijo que viaje a La Paz y cuando llegó la citó en un alojamiento, donde la violó.

Y al gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, que compró 41 ambulancias a una empresa creada días antes de la concesión, sin NIT, sin servicio técnico ni capital de operaciones suficiente, que las adquirió a precios más altos de los que le ofrecieron dos empresas reconocidas del rubro automotriz, y que firmó un acta de recepción de las ambulancias pese a que no llegó ni una sola, nadie le hizo nada.

Pese a las varias evidencias de un millonario acto de corrupción por más de Bs 20 millones, para Mamani no hubo investigación, ni suspensión del cargo ni nada, porque fue elegido por el dedazo de Evo Morales. Aquí no hubo fiscales ni jueces que actúen. Así es la justicia boliviana en tiempos del reinado del MAS.

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