20 de febrero de 2023, 9:06 AM
20 de febrero de 2023, 9:06 AM

La vida privada de las autoridades, por muy alto cargo que ejerzan, debe ser estrictamente respetada por el hecho de que la convivencia familiar no es motivo de escrutinio. Sin embargo, el escenario cambia cuando los vínculos familiares afectan el interés general, mucho más si se trata del primer servidor público del país: el presidente Luis Arce Catacora.

En ese contexto, cuando se habla de Luis Arce Mosqueira, hijo del primer mandatario, la respuesta esperada debería ser necesariamente una: transparencia, sobre todo cuando se trata de la supuesta cercanía de este ciudadano con empresas que tienen la intención o que terminaron haciendo negocios con el Estado.

Arce Mosqueira se benefició de una beca de posgrado que le permitió estudiar en Italia y retornar a Bolivia para trabajar en YPFB. De ese primer paso por la estatal petrolera queda el antecedente de un proceso iniciado por el desparecido Carlos Villegas contra los funcionarios responsables por la pérdida de llantas y otros costosos materiales de trabajo, pero surgió una aclaración que dejó a Arce fuera de la investigación.

Luis Arce, hijo, salió de YPFB durante el gobierno de Jeanine Áñez y retornó a la institución cuando su padre asumió la presidencia del Estado. De este segundo paso existen noticias que llaman la atención y preocupan. Primero fue la periodista Amalia Pando quien denunció que Arce participó ilegalmente en negociaciones con el gobierno venezolano para la entrega de la planta de urea. El aludido acudió al Tribunal Nacional de Ética Periodística por falta de contraparte, pero nunca hizo una aclaración pública sobre las gestiones realizadas.

Posteriormente, en febrero de 2022, El Deber reveló que la productora panameña Venqis se adjudicó un contrato para realizar piezas comunicacionales destinadas a una campaña de YPFB Chaco. En ese negocio surgieron tres detalles importantes: primero, la contratación tenía irregularidades; segundo, Venquis trabajó en la campaña proselitista de Luis Arce y, tercero, el hijo del presidente trabajaba en la empresa contratante. La denuncia periodística no tuvo respuesta.

Finalmente, hace pocos días el diputado masista Héctor Arce publicó audios, fotografías y correos electrónicos, cuya autenticidad no ha sido confirmada ni desmentida, sobre la supuesta participación Luis Arce, hijo, en contactos con  los consorcios Lilac Solutions y Uranium One Group, interesados en la explotación de los recursos del salar de Uyuni. Hasta el momento, esa denuncia tampoco ha tenido una respuesta.

Un viejo refrán de la sabiduría popular menciona que quien calla, otorga. Entonces, ¿el silencio de los Arce, padre e hijo, supone una aceptación de los extremos denunciados? En ese caso, ¿con qué poder de representación actuó el hijo del presidente y qué compromisos ha asumido?

Pero si la denuncia es falsa, sería muy importante que la familia Arce desmienta los extremos e inicie las acciones legales que correspondan contra quienes hicieron una acusación tan grave con evidencias fabricadas o sacadas de contexto. Es lo menos que merece el país que ha elegido a Luis Arce Catacora con el 55 por ciento de los votos en las elecciones de 2020.

En síntesis, la democracia no solo es votos ni juicios a los opositores; es, ante todo, transparencia en uno de los negocios más importantes para el futuro de Bolivia, cuyas definiciones deben ser asumidas de cara al pueblo y sin la participación de interlocutores que se esconden en las sombras del poder.