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2 de junio de 2018, 19:59 PM
2 de junio de 2018, 19:59 PM
Con el argumento de que “los demandantes no presentaron ninguna evidencia de un plan concebido para matar civiles”, Sánchez de Lozada ha sido beneficiado en el no pago de la millonaria indemnización a los familiares de las víctimas del llamado octubre negro y, al menos, hasta que se tenga una sentencia de apelación que ratifique o niegue de tal fallo, sus fondos no serán menguados.

Tal fallo es, desde mi punto de vista, un contrasentido porque el juez no parece haber valorado la verdadera dimensión de los hechos: los muertos en octubre negro se los contó por decenas y no fueron producto de hechos fortuitos, sino de un desmedido uso de la fuerza por parte del Estado, quien debió administrar el uso de la violencia en defensa de la institucionalidad y orden republicanos.

Esgrimir la violencia de los manifestantes no es argumento para que el Estado actúe de la manera tan desproporcionada como lo hizo en esas fechas; decir que no hay evidencia de un plan para matar civiles no es argumento suficiente como para negar las muertes; el país vio lo que pasó y hubo desproporcionalidad evidente.

Estoy seguro de que ni en Nicaragua o Venezuela se verán planes operativos que digan que se “mate, ate y amontone”; todos los planes hablan de proporcionalidad y uso racional de violencia, lo que significa que la irracionalidad está fuera de la norma y se la debe penar; esa pena, debe implicar al Estado y, de ahí, probablemente se pueda llegar a que los Ejecutivos gubernamentales se hagan cargo de la responsabilidad, claro, después de correspondientes juicios.

Y como se dice Nicaragua y Venezuela, podemos hablar de Bolivia y la muerte de Jonathan Quispe, donde la tercera o cuarta versión ‘oficial’ de los hechos encontró en un subteniente de Policía la “responsabilidad de haberlo asesinado”; antes de presentar al “responsable execrado”, se tuvo el cuidado de armar una escena perfecta, adornada por el ministro y el fiscal general (que debe investigar el crimen) y leer la orden de operaciones, donde se recomendaba ser equilibrados en el uso de la violencia, respeto a los derechos constitucionales, etc. Es decir, exactamente como manda el procedimiento, pero, el muerto está y eso no libera al Estado del uso desmedido de la violencia, así se haya presentado a un ‘conveniente’ responsable de los hechos.

Extrapolando los hechos de octubre de 2003 y mayo de 2018, se me antoja que en ningún caso se encontrará un “plan concebido para matar civiles”, pero la consecuencia de los hechos sigue siendo la de ciudadanos muertos. Es curioso entonces que a dos días del fallo en EEUU, en Bolivia se presente un “responsable que actuó solo” acompañado del plan de despliegue en El Alto. Da la impresión de que, con los argumentos del juez, algún día se le puede ocurrir al poder boliviano intentar zafar de responsabilidades de lesa humanidad por Chaparina (no hay muertes, pero hubo violencia desmedida), hotel Las Américas y cualquier otra del mismo tipo.

Sería una paradoja que se haya aprendido la lección de un ‘gringo’ al que Morales critica por “blando con Sánchez de Lozada”. Puede ser, pero todo les va a servir para intentarlo.
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