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Arrepentimiento Eficaz

Antonio Rocha 8/9/2021 05:00

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Durante los últimos años hemos tratado en abundancia el tema del contrabando. A inicios del siglo pensamos que la reforma aduanera era la solución al problema y los esfuerzos se enfocaron en institucionalizar y modernizar la Aduana, lo que ciertamente dio buenos resultados en sus inicios, hasta que los políticos de siempre, decidieron que es mejor una Aduana bajo control del Poder Ejecutivo antes que institucionalizada.

También hemos analizado en múltiples foros, reuniones y debates si el problema son los altos costos de los tributos aduaneros, o las restricciones, licencias, registros y autorizaciones burocráticas, o la ausencia de facilitación al comercio; lo cierto es que todo esto contribuye en distintos grados a presionar sobre las importaciones formales, al punto de desplazarlas hacia el contrabando. Si el contrabando en esencia es la evasión de tributos y requisitos de control (sanitario, ambiental o de seguridad) en teoría la solución sería reducir los gravámenes y facilitar la obtención de los requisitos para la importación.

Veamos el caso del impuesto de mayor recaudación aplicado a la importación, el IVA (14,94% s/CIF) que grava a todas las mercancías, al ser este un impuesto indirecto, no constituye un costo a la importación, sino un impuesto anticipado a la venta futura del bien que se importa, por tanto se recupera en la venta formal de dicha mercancía. De igual manera el ICE (Impuesto al Consumo Especifico) que grava las importaciones de vehículos, bebidas alcohólicas y otros bienes suntuarios, con alícuotas entre el 15% y 30%, también es otro impuesto indirecto que se traslada al consumidor final. El gran problema es que al ser el 70% de la economía boliviana informal (que no paga impuestos de ninguna naturaleza) estos impuestos aplicados a la importación se convierten en costos directos, que al no poderse cargar al consumidor final en los mercados populares y de abasto, es preferible no pagarlos en la importación y por tanto es mejor ingresarlos de contrabando. Entonces el dínamo del contrabando es la informalidad, por tanto no es posible combatirlos de forma separada.

Ahora mismo el Gobierno confronta un serio problema con la presión de los dueños de vehículos ingresados de contrabando que se estiman en más de 45.000 dispersos en los municipios rurales del país, y a esto se suman un promedio de 20 a 30 vehículos usados por día que se venden en Iquique para ser contrabandeados a Bolivia. Este será un problema de nunca acabar si no hay cooperación y voluntad política de las autoridades chilenas de apoyarnos en la erradicación del contrabando de ropa usada y vehículos usados que están prohibidos de importarse en Bolivia, solo sería suficiente la prohibición de recepción en el puerto.

Como lo hemos manifestado en varias oportunidades en reuniones con distintos gobiernos, el contrabando de vehículos no se resuelve solo con la interdicción en las zonas fronterizas, también se debe dejar de hacer atractivo el delito con una regla estricta y draconiana para no abastecer con combustibles subsidiados a vehículos contrabandeados o robados, basta con tener un control cruzado que con el solo registro de la placa en la boca de expendio del combustible se pueda identificar si el vehículo es o no legalmente importado, donde incluso se puedan identificar placas clonadas. En este aspecto los municipios rurales del país deberían ejercer control del tráfico ilícito de sus vehículos registrados y recibir el 100% de los fondos por incautación de vehículos indocumentados, para apoyar sus políticas de seguridad ciudadana.

Ahora bien, la situación de ilegalidad de los autos indocumentados no se puede resolver a través de una Ley de excepción que permitirá nacionalizarlos con el pago de impuestos sobre valores mínimos y sanciones irrisorias. Una forma de resolver el problema podría ser homologando la norma del Arrepentimiento Eficaz, a través de la aplicación de la sanción por contrabando con el 100% del valor de la mercancía, esto es entregando el vehículo de forma voluntaria a la Aduana y que el propietario pueda enlistarse para su recompra preferente a través de una subasta pública a un precio base razonable que le permita al Estado recuperar el tributo evadido y que el “arrepentido” deba pagar no solo dicho tributo, sino además una sanción por el delito y con ello pueda legalizar su vehículo.

Finalmente, debemos entender que el contrabando no es un problema social, el contrabando se debe llamar como lo que es, un delito que el Estado y la sociedad debemos combatir, que tiene entre sus causas un problema social como el desempleo y la falta de oportunidades, no es menos cierto, lo que de ninguna manera lo justifica, porque además es responsabilidad del Estado generar las fuentes de empleo estables que solo se pueden lograr promoviendo formalidad.

Antonio Rocha Gallardo - Presidente - CNDA

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