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Indignación general ha sido el sentimiento de los bolivianos tras la detención de Arturo Murillo, ex ministro de Gobierno y ex hombre fuerte del entorno de Jeanine Áñez. El hombre cayó por una investigación realizada en Estados Unidos sobre una trama de sobornos y lavado de dinero. Si se comprueba la acusación (como parece avanzar por los informes ya conocidos públicamente), se confirmará que esta exautoridad y un entorno cercano de funcionarios públicos y empresarios cometieron corrupción en la etapa inicial de su gestión, en el gobierno transitorio.

De acuerdo con las investigaciones, se utilizó una empresa intermediaria para la compra de gases lacrimógenos con sobreprecio. Además, indican que hubo soborno de parte de privados a funcionarios bolivianos para que compren esas y no otras armas no letales. Todo esto se realizó con una firma estadounidense y es esa la razón de que la pesquisa, la detención y el proceso judicial se realicen en ese país de Norteamérica.

La condena a Murillo y su entorno presuntamente implicado en estas ilegalidades, ha sido unánime en Bolivia. Desde el Gobierno del MAS hasta el opositor más radical pidieron que se sancione la corrupción y eso incluye a la expresidenta Jeanine Áñez, quien se expresó a través de Twitter: “Nadie elige colaboradores para que se corrompan, y estos hechos deben ser castigados con todo el peso de la ley”, escribió.

Bolivia vivía uno de los momentos más delicados de toda su historia. Por eso es que resulta indignante que se hubiera aprovechado una posición de poder para cometer corrupción. Murillo terminó avasallando todos los espacios del gobierno y su presencia en el entorno presidencial terminó sacando a ministros importantes que se le pusieron al frente.

La investigación que se lleva adelante en Estados Unidos fue informada a Bolivia. Y las acciones no han sido objetadas por nadie. Trasluce la credibilidad que tiene el sistema judicial de ese país, donde primero hicieron seguimiento y recopilaron las pruebas y después acusaron y detuvieron; a diferencia de lo que se hace en Bolivia, donde se acusa en primera instancia y después se busca cómo sustentar las sindicaciones (muchas veces sin lograrlo, aunque eso implique la detención de los señalados, sobre todo cuando hay componentes políticos).

Mientras esto ocurre, no faltan en el gobierno los que quieren pescar en río revuelto, como el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, que propone involucrar a instituciones con los presuntos delitos de Arturo Murillo. Acusa al Comité pro Santa Cruz y al Consejo Nacional de Defensa de la Democracia en una intervención que ignora que los delitos son personales y que desnuda un carácter autoritario que busca usar un hecho para acabar con la oposición al Gobierno del MAS. Por su parte, Evo Morales dice que este hecho deja sin discurso a la oposición.

Es fundamental que, tras un juicio justo y de ser hallado culpable, Arturo Murillo sea castigado con todo el peso de la ley en Estados Unidos y en Bolivia. Pero esto no da pie para que el gobierno atice la confrontación y pretenda utilizar este hecho para perseguir a los bolivianos que no están de acuerdo con la gestión de Luis Arce o con el partido de Evo Morales. Nada justificará el autoritarismo ni los abusos de poder.

Al contrario, esta detención en otro país debería inspirar a que en Bolivia se investigue a todos los corruptos, los ajenos y los propios, ya que son varias las denuncias contra masistas que son desestimadas por el Ministerio Público, a diferencia de las acusaciones contra opositores, que las procesan con una celeridad que impresiona.

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