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Asambleístas inconscientes de dignidad institucional

Pedro Gareca 11/3/2020 03:00

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Las reglas de funcionamiento de las cámaras legislativas (senadores y diputados), siempre han sido la libre discusión, el debate y el buen razonamiento de quien representa, porque sin la libertad de expresión, resultará imposible que las cámaras ejerzan con decoro, ética y respeto las atribuciones representativas, legislativa y la función de control y fiscalización.

Desde la perspectiva jurídico-política, el representante elegido está ligado con el interés general del país y más si proviene del voto de circunscripciones uninominales.

En principio el representante no está vinculado normativamente por algún mandato y es precisamente eso lo que le hace libre para defender cualquier postura que en términos razonables entienda que mejorará la salud, la educación y el reordenamiento institucional. Esa libertad de posición supone inescindiblemente la capacidad de explicar y defender los argumentos de su posición propia en el sistema democrático bicamaral de orden presidencialista. 

Si no se toma esta dirección congruente, en ámbitos en que las diferentes posturas no confluyen, la mayoría (dos tercios de votos) logrará imponer su criterio en la votación subsiguiente, pero por la publicidad que da sentido a los debates, no habrá podido impedir que la minoría exprese su desacuerdo, decepción y crítica acerba. Esto equivale a pensar que podría concebirse incluso como una traición tout court si el mandato es derivado del Constitucional, donde el número decidirá el conflicto, pero jamás garantizará una mínima igualdad en las fuerzas políticas.

Es preciso reconocer que la Asamblea Legislativa Plurinacional con dos tercios del MAS-IPSP (ALP), desde la renuncia del ex - presidente tiene comprimida su legitimidad por la manifestación dolosa en los resultados electorales del 20 de octubre de 2019, y por tal lazo sus integrantes se alejan del concepto de ser conscientes de su dignidad institucional, sabedores de la responsabilidad bifronte que asumen al formar parte de la ALP.

Si el debate está vinculado a la función legislativa y por ende a la opinión pública, es lógico afirmar que la ley es la fuente que, al desarrollar la Constitución, opta por una forma concreta de mejor solución fundada; es decir, de componer los diferentes intereses urgentes y contemporáneos, verbigracia, si tenemos que resolver el sistema tributario, la distribución de circunscripciones uninominales con principios de igualdad, salud gratuita sostenible, preservar el ecosistema, evitar la contaminación de ríos, lagos y manantiales, erradicación de plantaciones excedentarias de coca, narcotráfico, corrupción, proponer un nuevo modelo de sistema de justicia o bien mejorar las pensiones con un horizonte cada vez más amplio, obviamente que representa esa tarea tener cada vez mayor consciencia de su responsabilidadcomo senador o diputado.

Como elemento solvente de la publicidad, se presenta la transparencia en estos temas que merecen ser debatidos en las cámaras de la Asamblea Legislativa y así agotar la tinta del tintero, sin dejar temas pendientes o programar interperlaciones contra ministros que se empeñan en la erradicación de la coca allí en el corazón mismo de la droga, como notoriamente supone ser la intencionalidad de haber censurado al ministro de Defensa, Luis Fernando López, por los hechos de Senkata y Sacaba con las consecuencias de destitución previsto por el art. 158.18 de la Constitución, aplicando la letra muerta de la normativa y sin valorar el sentido del mandato constitucional ¿Es que no se toma en cuenta que fue el propio Gobierno quien pidió a los organismos regionales e incluso a la propia Unión Europea la conformación de comisiones técnicas e imparciales para investigar estos hechos?, ¿se olvidó de que no se puede ser juez y parte en la investigación de un conflicto que tiene su raíz profunda en el doloso fraude impulsado desde el anterior Gobierno en vínculos con parlamentarios que promovieron la reelección de Evo Morales? Y que todas las interpelaciones en los casos Odebrecht, Taladros chinos, represión en Chaparina, genocidio en el hotel Las Américas, La Calancha, caso Zapata, indemnización a Quiborax y otras, los ministros del sistema de los 14 años salieron victoriosos, por cuestión de números e interés político. Aceptar la destitución, sería derrocar un sistema democrático débil pero en vías de fortalecimiento institucional.

La transparencia de los parlamentarios sería la forma de controlar el tiempo real de la actividad de las instituciones, como un sueño que armoniza Estado y sociedad. Y, en opinión del profesor Byung-Chui Han (2013:11): “Ningún otro lema domina hoy tanto el discurso público como la transparencia…”. 

Por tanto, para no caer en el desprestigio institucional, la transparencia es la clave y signo de nuestro tiempo, para establecer con claridad y honestidad las relaciones comunicativas a las que están obligados los parlamentarios, si de verdad tiene interiorizados correctamente los principios democráticos referidos.



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