Atropello de derechos ciudadanos
En los últimos días se han estado produciendo detenciones de exautoridades y exjefes militares sin notificaciones previas para que asistan a declarar, en horas de la noche o la madrugada y hasta en fines de semana, con audiencias fijadas en días y horarios inusuales, lo que denota procedimientos irregulares y presión política desde el Gobierno.
El caso más reciente es el del excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), general Jorge Gonzalo Terceros Lara, y el excomandante de la Armada, almirante Gonzalo Jarjuri Rada, arrestados en sus domicilios la noche del sábado con órdenes de allanamiento emitidas por el Ministerio Público y la justicia de La Paz.
Una comisión de agentes policiales llegó de la sede de Gobierno a Santa Cruz para realizar la operación y trasladarlos ese mismo día a La Paz. El Ministerio Público les tomó declaraciones ese sábado en horas de la medianoche. El domingo se realizó la audiencia y la juez de turno, Regina Santa Cruz, ordenó la detención preventiva por cuatro meses en el penal de Palmasola en el caso de Terceros y de Patacamaya para Jarjuri.
Ambos están acusados de terrorismo, sedición, y organización criminal en el caso del supuesto golpe de Estado, que sigue el Gobierno de Luis Arce por los hechos de octubre y noviembre de 2019, tras el fraude electoral y la renuncia de Evo Morales a la Presidencia.
La anterior semana también se detuvo al economista cruceño Carlos Schlink, exviceministro del Tesoro y Crédito Público del gobierno de transición, acusado de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado e incumplimiento de deberes en el caso del crédito adquirido al Fondo Monetario Internacional (FMI).
Schlink fue detenido el sábado 25 de junio a la medianoche en Viru Viru, cuando al hacer su trámite de Migración antes de viajar de luna de miel con su esposa con quien se había casado una semana antes, saltó una alerta migratoria que le fue notificada en horas de la madrugada del domingo, tras varias horas de espera.
En la madrugada del domingo fue trasladado a la Felcc de Warnes, y ese mismo día se le entregó la notificación para declarar al día siguiente en La Paz. En la audiencia cautelar el juez Quinto de Instrucción Anticorrupción de La Paz, William Rodríguez, ordenó la detención preventiva de Schlink por cuatro meses en la cárcel de San Pedro de esa ciudad.
Anteriormente, algo similar ocurrió con un ingeniero de Sistemas, el exfuncionario de Entel, Juan Orellana, que trabajó durante unas pocas semanas en la empresa estatal durante el gobierno de transición, que fue detenido en Viru Viru cuando se aprestaba a viajar de vacaciones. Dos días después estaba prestando declaraciones en La Paz y de allí era trasladado a la cárcel de San Pedro con detención preventiva por seis meses.
En ninguno de los casos existió ninguna citación previa a declarar y según sus abogados tampoco había riesgo procesal para ordenar las detenciones preventivas en los penales paceños.
Lo que se critica de esas detenciones es la manera abusiva y arbitraria con que se procede, ignorando el debido proceso, atropellando los derechos más elementales de las personas, por un Ministerio Público y una justicia sometidos al Poder Ejecutivo y que proceden de manera torpe en horas y días inusuales como fines de semana y la madrugada. Que la justicia está en la peor de sus crisis de confiabilidad, se sabe y eso no está en duda; pero lo que no se esperaba de ella es que habiendo tocado fondo se hunda aun más en extremos incomprensibles.
