13 de agosto de 2022, 7:00 AM
13 de agosto de 2022, 7:00 AM

A la sucesión de actos arbitrarios de la justicia por razones políticas y de favorecimiento al Gobierno de Luis Arce hay que sumar ahora un proceso que lleva adelante la Fiscalía contra dos destacados periodistas bolivianos acusados de presunto daño económico. 

Se trata de los periodistas Andrés Rojas Luna y Adriana Gutiérrez, contra quienes la Fiscalía Especializada Anticorrupción y Legitimación de Ganancias Ilícitas emitió una resolución de imputación formal y el pedido de detención preventiva por seis meses en los penales de San Pedro y Centro de Orientación Femenina de La Paz, respectivamente.

La imputación acusa los dos periodistas y otras cuatro personas de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica cuando Rojas era gerente general de Bolivia TV, el canal estatal, durante la gestión de la expresidenta Jeanine Áñez en 2020.

El 30 de diciembre de 2021 fue cuando se presentó la denuncia, que incluye en el delito de presunto daño económico al Estado la contratación del presentador Pablo Llano con un honorario mensual de Bs 11.498 cuando debió percibir supuestamente solo Bs 6.000 al no tener título académico. Llano trabajó apenas cuatro meses en BTV.

El fiscal que presentó la acusación y que ahora solicita la detención preventiva por seis meses en las cárceles paceñas se llama Junior Flores, quien calculó en Bs 84.701, esto es algo más de 12.000 dólares, el presunto daño económico para cubrir el salario de Llano.

Flores dijo que el Ministerio Público amplió la investigación ‘contra la persona que se ha favorecido justamente de los salarios abismales, (ya que) el señor Andrés Rojas ha autorizado en un día la modificación del presupuesto y del cargo, que era de Bs 6.000, pero al tratarse de una persona de confianza, se subió a casi Bs 12.000 mensuales’, según sus propias palabras.

Esto quiere decir que el propio Llano está incluido en el proceso, quien sin embargo se encuentra fuera del país, por lo que se le hará la notificación por edicto, dijo el fiscal Flores.

En caso de continuar el proceso y de dictarse una sentencia, los acusados recibirían penas que van de cinco a diez años de prisión
El proceso iniciado por el fiscal Flores tiene todas las condiciones para ser considerado un caso de abuso del poder político contra periodistas y por extensión contra el trabajo de los medios de comunicación del país, por lo que representa una amenaza contra la libertad de expresión y de prensa.

Pedir seis meses de detención preventiva y procesar a periodistas para darles hasta diez años de cárcel por una dudosa irregularidad administrativa, que de confirmarse sería de una proporción ridícula e insignificante, no puede ser entendido solo como una desproporcionada acusación, sino también como una persecución judicial, un amedrentamiento al conjunto de los periodistas, que con su trabajo diario incomodan al poder político, igual que ocurría en las dictaduras militares o los gobiernos de derecha del pasado.

El proceso se inscribe además en el conjunto de nuevas acciones que vienen emprendiendo el Ejecutivo en alianza con la justicia y la fiscalía que ellos controlan, en una especie de etapa de arremetida represora contra la prensa y los sectores que no piensan igual que el partido gobernante, como el caso de los cocaleros de Adepcoca, donde la Policía actuó con una violencia desmedida, criticada incluso por el sistema de Naciones Unidas.

Si hubiera que procesar a todos los funcionarios sin títulos o con títulos falsificados contratados durante los gobiernos de Evo Morales, o los millonarios daños económicos al estado de esos años, no alcanzarían los juzgados ni los fiscales de toda América Latina para hacer justicia en todos esos casos.

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