Existe un indicador que refleja con mayor crudeza el futuro de una sociedad que cualquier cifra del crecimiento económico o del presupuesto nacional: la cantidad de niños y jóvenes que permanecen en sus escuelas.
Cuando un departamento comienza a perder estudiantes año tras año, no estamos frente a un problema exclusivamente educativo. Estamos observando el síntoma más visible de una enfermedad mucho más profunda: la pérdida de oportunidades.
Las familias no abandonan sus hogares porque así lo desean. Lo hacen cuando el trabajo desaparece, cuando la inversión no llega, cuando los jóvenes comprenden que el futuro deberá construirse lejos de la tierra donde nacieron.
Eso es lo que hoy ocurre en Chuquisaca, y sería un grave error creer que se trata de un fenómeno aislado. Lo mismo puede suceder en cualquier región de Bolivia donde el desarrollo económico dependa casi exclusivamente de decisiones tomadas desde el poder central.
Durante décadas, Bolivia ha construido un modelo político donde el Estado concentra la mayor parte de las decisiones económicas, fiscales y administrativas. El argumento siempre fue el mismo: desde el centro se garantizaría un desarrollo equilibrado para todo el país. Los resultados, sin embargo, muestran otra realidad.
Persisten enormes desigualdades regionales. Muchos departamentos generan riqueza, producen alimentos, exportan recursos naturales o sostienen buena parte de la economía nacional, pero carecen de suficiente capacidad para decidir cómo invertir una mayor proporción de esos recursos en beneficio de su propia población. La consecuencia es una economía regional debilitada, limitada capacidad para atraer inversiones y escasas oportunidades para los jóvenes.
La migración deja de ser una opción para convertirse en una necesidad. Y cuando migran los jóvenes, las regiones comienzan a envejecer. Disminuye la matrícula escolar, cae el consumo, se reducen las inversiones privadas y lentamente desaparece el dinamismo económico. Se inicia entonces un círculo vicioso que termina profundizando el subdesarrollo.
Lo más grave es que Bolivia pierde su principal riqueza: el talento humano. Cada profesional que se marcha, cada técnico que encuentra oportunidades en otra región o en otro país, representa una pérdida de conocimiento, productividad e innovación que difícilmente podrá recuperarse.
Por eso el debate sobre las autonomías y el federalismo no debe plantearse desde la confrontación ideológica. Debe entenderse como una discusión sobre desarrollo, eficiencia y justicia territorial.
Las autonomías deben dejar de ser estructuras administrativas con competencias limitadas para convertirse en verdaderos gobiernos regionales capaces de diseñar políticas de desarrollo, administrar recursos con responsabilidad y responder directamente a las necesidades de su población. Y el federalismo merece ser discutido con madurez democrática. No como una amenaza a la unidad nacional, sino como una alternativa institucional para distribuir mejor el poder, acercar las decisiones a los ciudadanos y generar competencia positiva entre las regiones.
Los países que han logrado un desarrollo equilibrado entendieron hace mucho tiempo que ninguna capital conoce mejor las necesidades de una región que quienes viven en ella.
Bolivia necesita abandonar definitivamente la lógica del Estado paternalista que decide por todos desde un solo centro de poder. Necesitamos un Estado que confíe en sus departamentos, fortalezca sus capacidades y permita que cada región despliegue plenamente su potencial económico.
Las aulas vacías de Chuquisaca deberían interpelarnos a todos. Porque cuando un departamento pierde a sus niños y jóvenes, no solamente pierde estudiantes. Pierde médicos que nunca llegarán a atender sus hospitales. Pierde ingenieros que no construirán su infraestructura. Pierde empresarios que no generarán empleo. Pierde científicos que no desarrollarán innovación. Pierde líderes que no conducirán su futuro. Y cuando eso ocurre, Bolivia también pierde.
La reconstrucción nacional comienza cuando comprendemos que el verdadero desarrollo no consiste en concentrar el poder, sino en distribuir oportunidades. Ese debe ser el gran desafío de la Bolivia del siglo XXI.
(*) Germán Antelo Vaca es expresidente Comité pro Santa Cruz; exsenador de la República