Opinión

Autonomías, tema pendiente

El Deber 6/5/2017 04:00

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El artículo 1 de la Constitución Política del Estado señala con claridad que Bolivia constituye “un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías”. La tercera parte de la Carta Magna determina, en este sentido, los alcances de esta forma única de organización del territorio nacional en sus diversos planos: departamental, municipal, regional e indígena. 

El concepto fundamental es la descentralización de la administración del Estado que permita brindar mayores y mejores servicios para los ciudadanos. Lo cierto es que este marco aún está lejos de ser una realidad. La promesa prevista en dicho marco legal, en sentido de avanzar en unidades territoriales plenamente autónomas para decidir por su futuro político, económico, social y cultural bajo el paraguas de la nación boliviana, todavía no se ha cumplido.

El proceso autonómico en Bolivia tiene una larga historia de luchas, avances y retrocesos. Desde Andrés Ibáñez, que a fines del siglo XIX levantó las banderas del federalismo departamental, pasando por las autonomías universitarias, las municipales de los años 80 y 90 y la consolidación de las departamentales en la Constitución de 2009, el proceso autonómico forma parte de las batallas históricas del pueblo boliviano en su conjunto.
El referéndum departamental del 4 de mayo de 2008 permitió conocer la voluntad mayoritaria del pueblo cruceño a favor de una autonomía plena para la región. Aquella consulta se llevó a cabo en cumplimiento del art. 4 de la Constitución Política del Estado vigente en esa fecha, la Ley Marco de Referéndum y la Ley de Iniciativa Legislativa Ciudadana. La medida no estuvo exenta de polémica dado que el Gobierno inició un proceso contra las autoridades locales por considerar que la convocatoria no reunía los requisitos legales para su realización. 

Lo cierto es que gracias a la prevalencia del centralismo, la falta de un pacto fiscal que garantice su sostenibilidad y la falta de voluntad política para escuchar a las regiones, las autonomías siguen siendo una promesa no cumplida. Hubo avances con la elección directa de autoridades ejecutivas y legislativas, pero parecen insuficientes para departamentos y regiones que reclaman la atención de su derecho a la autodeterminación, lo que redundará en una mejor y más eficiente administración de los recursos del Estado. 

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