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Autoritarismo vs. coherencia democrática

Sabado, 16 de mayo de 2026 a las 04:00

La protesta es legítima. Pero la pretensión de romper el orden constitucional, el bloqueo, la destrucción y violencia son delictivas, ilegitimas y se constituyen en un peligroso retroceso de la democracia y nuestra convivencia malograda de por sí, luego de largos años de polarización y falta de justicia e institucionalidad democrática.

La irracionalidad combinada con posiciones autoritarias y maniqueas, generan cuantiosos daños sociales, económicos, pérdidas de oportunidades o vidas, y degradan la salud mental de la población. (Somos uno de los países menos felices de la región. 79 a nivel mundial, penúltimos a nivel regional, según el Informe Mundial de Felicidad 2025/ 2026) 

El gobierno de R. Paz, en seis meses, tuvo algunos aciertos, y varios desaciertos, muchos de ellos arrastrados desde la campaña electoral, fruto de la improvisación y sobreoferta electoral (redoblar jubilaciones, salario mínimo a las madres, viviendas sociales de dos pisos, 50/50, etc., prometieron con Edmand Lara). Otros, que ya en gestión, carcomieron su confianza como la gasolina basura, la falta de diálogo horizontal y acuerdos dentro y fuera de la Asamblea. Con todo ello, es evidente la falta de decisiones, relato, música inspiradora y norte político.   

SIN EMBARGO (con mayúsculas), legal y constitucionalmente, gozan de tiempo para replantear, pactar, organizar, mirar el país en su conjunto y presentar una hoja de ruta que permita recuperar credibilidad para los siguientes 4 años y medio. Pretender pisotear el respeto a la soberanía popular a seis meses de iniciada una gestión, es romper el blindaje constitucional de cualquier gobierno electo en urnas, por la voluntad mayoritaria del pueblo boliviano, en 2da vuelta electoral (55% de los votos).

Obviamente que ese blindaje no es absoluto o irrevisable. La constitución es democrática y sabia en plazos. En su artículo 240 II. establece la figura democrática de la revocatoria de mandato. Ese mecanismo propio del soberano o mandante, debe gestionarse cuando el gobierno llegue a la mitad del periodo de su mandato. Es decir, cuanto se predigan elementos objetivos y/o pre conclusivos de los resultados de su gestión. En este momento un derrocamiento no resuelve NADA de NADA (con mayúsculas), agrava nuestra situación, es un burdo harakiri.  

Lo que tenemos ahora es desproporción, irracionalidad y autoritarismos, como el que destilan los ponchos rojos (disfrazados, la mayoría), la COB Huarachizada (que renuncia a su pliego petitorio) y un senador suplente que no logra hilvanar una sola idea coherente que justifique su verborrea y figuretismo. Ah, y en la misma cara de la moneda, los chicoteadores de la plaza 24 que hablan en nombre de Santa Cruz  

En solidaridad con los afectados directos, se deben multiplicar las voces que claman diálogo, tregua, pausa humanitaria, y respeto a la constitución. A pocos días de la celebración del 1er grito libertario, el gobernador de Chuquisaca, dio una señal responsable y democrática, al ofrecer la ciudad de Sucre como espacio neutral de encuentro entre el Gobierno y los movilizados, para resolver sus diferencias.

En todo el país, en coro, gimen o claman cese a la violencia expresada en bloqueos y destrucción. Los más afectados: Agricultores, exportadores, recolectores de nueces y almendras, comercios, turistas, enfermos, niños y personas adultas, gremialistas, transportistas, y el grueso de la gente que vive al día para sobrevivir.

Aquí termino, recordando lo que hace un par de años me decía una persona extraordinaria, por largo tiempo embajador de la China: “Bolivia es un país hermoso, diverso y de grandes potencialidades. Pero lo único que no logro entender, es: por qué bloquean las carreteras, se hacen daño, son las venas de un país, es por donde deben circular las mercaderías fruto del trabajo de la gente”. Cerraba su comentario con algo que los movilizados de hoy y de ayer no entienden: “Bolivia, siendo un país enclaustrado, se hace mucho daño, es una locura, eso no ocurre en mi país, eso debe cambiar”. 

(*) Daniel Valverde Aparicio es docente de la UAGRM

     

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