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Contra viento y marea avanzan las elecciones truchas 2019, atropellando la voluntad popular del referéndum del 21 de febrero de 2016, la Constitución Política del Estado, el respeto a la comunidad democrática internacional y el propio sentido común. La legalidad y la legitimidad les importa un bledo, quieren el poder.

Haciendo uso de los poderes secuestrados, como el Órgano Judicial y el Órgano Electoral, han impuesto unas elecciones ilegales, desiguales y fraudulentas, ampliamente repudiadas por la comunidad nacional e internacional.

La franquicia del Socialismo Siglo XXI, ideada por el Foro de San Pablo y operada por Cuba, prescribe en una de sus primeras lecciones: secuestrar todos los Poderes del Estado, los medios de comunicación, la Policía y el Ejército. En la práctica dejan al pueblo atado de pies y manos, indefenso contra la dictadura con careta democrática.

Esa es la triste realidad de los países que tiene la desgracia de caer en sus garras. La comunidad internacional no sabe qué hacer sorprendida ante tamaño atropello. Los organismos internacionales, burocráticos, lentos e ideologizados, se enfrascan en discusiones bizantinas.

Unos y otros no saben cómo enfrentar el problema, si aplican el principio de la No Intervención en los asuntos internos de otros países, la Carta Democrática Interamericana de la OEA (CDI), o incluso La Responsabilidad de Proteger de la ONU.

Finalmente, todos quedan en neutro, mirando de palco el sufrimiento de los pueblos a manos de los gobernantes que, paradójicamente, ellos mismo eligieron, mientras los tiranos se llenan los bolsillos y gozan de las mieles del poder, hasta donde sea posible.

Una cosa debe quedar bien clara: con esta franquicia del Socialismo Siglo XXI, los pueblos no se pueden defender por sus propias fuerzas, dependen casi exclusivamente del socorro de la comunidad democrática internacional. Hay que buscar una vacuna para esta enfermedad. Esta es mi propuesta: la creación del Consejo de Defensa de la Democracia.

Este Consejo tendrá por finalidad hacer respetar la democracia, expresada en la CDI, aplicando métodos diplomáticos, económicos, e incluso la utilización de la fuerza militar. La violación a la democracia debiera suspender la soberanía, evitando que ella sirva como pretexto para abusar del pueblo.

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