25 de noviembre de 2023, 9:16 AM
25 de noviembre de 2023, 9:16 AM

La reciente rebaja de la calificación de riesgo crediticio de Bolivia por parte de Standard & Poor's a CCC+/C debe poner en alerta a quienes manejan la política económica nacional. Esta evaluación externa –que coloca a Bolivia en la categoría de calidad crediticia muy baja con un riesgo sustancial de incumplimiento de pagos–, refleja diversos factores que van más allá de las cifras financieras.

La agencia de calificación crediticia identificó disminuciones en las exportaciones de gas, limitadas reservas internacionales líquidas, elevados déficits fiscales y la falta de transparencia en el desempeño del Banco Central de Bolivia como elementos clave detrás de esta decisión. Además, se señalaron otros factores, como el estancamiento político de la dividida Asamblea Legislativa Plurinacional, que complican la toma de decisiones gubernamentales y dificultan el acceso al financiamiento externo.

El Ministro de Economía, por su parte, atribuyó la baja calificación solo a este último factor: acusó a la Asamblea Legislativa de sabotear la economía al retrasar la aprobación de leyes relacionadas con la economía.

Esta baja calificación, que indica un riesgo real de incumplimiento en las obligaciones de deuda, se traduce en una tendencia negativa preocupante. El riesgo de iliquidez para el estado boliviano en los próximos 12 meses es ahora una realidad que debe abordarse con urgencia. El problema no es nuevo: la anterior evaluación le asignaba al país un B-/B, que ya representaba una calidad crediticia relativamente baja.

Especialistas financieros resaltan la brecha entre Bolivia y sus países vecinos en términos de calificación de riesgo. Mientras Chile ostenta una calificación A y Perú cuenta con triple B, Bolivia enfrenta un panorama más desafiante, lo que podría desincentivar inversiones y afectar la confianza de los inversores.

La caída del 48% en los bonos soberanos 2028 de Bolivia, en conexión directa con la baja calificación de riesgo país, es otro golpe para la economía. Esto también sugiere una pérdida de confianza hacía el país en el contexto internacional.

El Gobierno, aunque atribuye la situación a factores que escapan a sus competencias, como la falta de aprobación legislativa, también enfrenta críticas por no abordar eficazmente problemas que bien podría resolver. La eliminación del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) se presenta como una medida interna que podría estimular la oferta de dólares y contrarrestar la iliquidez.

Para revertir la situación, es crucial que el Gobierno tome medidas concretas y afronte los desafíos subyacentes. La reducción del déficit fiscal a lo largo de varios años, la eliminación de trabas a la exportación para el sector privado y el fortalecimiento de las garantías jurídicas para los inversores son pasos esenciales.

En un contexto donde otras calificadoras internacionales también han disminuido la calificación de Bolivia, el país enfrenta un reto significativo para atraer inversiones. El modelo económico, que ha dependido en gran medida de la inversión estatal, necesita ajustes para fomentar la participación del sector privado y mejorar el clima de negocios.

La baja calificación de riesgo y la caída de bonos soberanos son señales claras de que Bolivia está en una encrucijada económica. Las decisiones y acciones que se tomen en los próximos meses serán cruciales para determinar si el país puede recuperar la confianza de los inversores y enfrentar con mayor holgura los desafíos económicos que se avecinan.