Bajo la sombra del narcotráfico
¿En los últimos catorce años, cuántos policías bolivianos terminaron involucrados en el narcotráfico? Sería ideal responder que hay algunos casos aislados y que sobran los dedos de una mano para hacer el recuento. Pero la realidad es diametralmente opuesta.
El año 2008 Evo Morales expulsó a la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA, en inglés) de Bolivia. Lo hizo con el discurso de que el Estado tenía la capacidad suficiente para combatir al narcotráfico con eficiencia y probidad, y comenzó a difundir cifras sobre la cantidad de operativos y comisos de droga que se hacían en territorio nacional.
Es más, para apuntalar su estrategia, el gobierno sumó a sus filas a un policía de prestigio: el general René Sanabria, y ese fue el punto de quiebre para un discurso que hasta el día de hoy no convence en hechos ni en palabras.
Es necesario recordar que Sanabria ocupó el cargo de director de los Servicios de Información e Inteligencia Antidrogas, tenía su oficina en el ministerio de Gobierno, dos pisos debajo del despacho del ministro Sacha Llorenti. Desde ese puesto negoció la venta de 114 kg. de cocaína que salió de Bolivia en contenedores de mineral, llegó a puertos chilenos, fue embarcada y transportada hasta Panamá, donde llegó Sanabria en persona para supervisar la operación y fue detenido.
Las pruebas contra Sanabria eran irrefutables, suficientes para que el “narcogeneral” sea extraditado a Estados Unidos y condenado a 14 años de prisión.
Poco tiempo después, surgió el caso de Oscar Nina, sucesor de Sanabria en la Felcn y excomandante general de la Policía. Fue sentenciado a seis años y siete meses de prisión por el delito de legitimación de ganancias ilícitas. En su momento se dijo que Nina permitió la presencia en Bolivia de uno de los hijos del Chapo Guzmán que tomó clases de pilotaje en una escuela en Santa Cruz de la Sierra.
El tercer excomandante antidrogas que cayó estrepitosamente es Maximiliano Dávila a quien se recuerda, entre otras particularidades, por festejo cumpleañero que ofreció a Evo Morales en el Chapare pocas semanas antes de la renuncia del exmandatario. En Colombia, Dávila fue vinculado al expolicía boliviano Omar Rojas Echeverría, apodado como el ‘Pablo Escobar boliviano’.
Otro escándalo que sacudió a la institución del verde olivo fue el viaje a Punta Cana pagado por Pedro Montenegro, en el que participaron varios efectivos de alto rango que conocían perfectamente las actividades del narco boliviano que, paradójicamente, fue condecorado por la Policía por sus aportes a la sociedad en su calidad de “empresario”.
Por supuesto que estos policías no actuaron solos. Todo lo contrario, cada jefe policial tuvo bajo su mando a otros efectivos que actuaron como sus cómplices, a favor de la mafia y en contra del país. Sería largo enumerar la cantidad de implicados, pero baste considerar el siguiente dato: entre 2006 y 2019, al menos 105 policías fueron denunciados e investigados por delitos de narcotráfico y solo 13 fueron sentenciados, según un informe presentado por la Fiscalía General del Estado a la Asamblea Legislativa en junio de 2019.
En conclusión, lamentablemente en Bolivia faltan manos para contra la cantidad de policías que sucumben ante la tentación del dinero fácil. La sombra del narcotráfico crece día a día y amenaza la paz de una sociedad que se siente desprotegida por el Estado que solo se aferra a una fracasada y simbólica lucha soberana y aislada contra un delito que tiene carácter transnacional.
