En política, los balances deben realizarse siempre en función de los objetivos perseguidos por los actores en conflicto. Identificados estos, corresponde evaluar quién ganó, quién perdió y cuáles fueron los costos. Detrás de cada objetivo existe siempre una estrategia; es decir, un camino diseñado para alcanzarlo.
Después de más de cincuenta días de bloqueos, resulta evidente que, detrás de las demandas económicas y sociales que no se pueden identificar con precisión, pues hay una enorme confusión; está claro que el objetivo es esencialmente político y pretende subvertir el orden constitucional con la renuncia de Rodrigo Paz. El fin último de los bloqueos es, precisamente, alterar el statu quo, es decir la configuración de poder o la correlación de fuerzas.
Bajo la bandera de esas supuestas demandas sociales, en el objetivo de derrocar a Paz, confluyen dos actores, en una alianza funcional, pero con intereses distintos. Por un lado, la mafiosa dirigencia sindical corporativa que durante veinte años colonizó el aparato estatal y que hoy pretende recuperar los privilegios y prerrogativas perdidas, con el cambio de gobierno. Por otro, Evo Morales, cuya prioridad política es obtener impunidad frente a los procesos judiciales que enfrenta y mantener abierta la posibilidad de volver a ser candidato.
La estrategia elegida, también, a estas alturas, se la puede observar con mayor nitidez: marchas, bloqueo indefinido, asfixia económica, convulsión social y escalonamiento permanente del conflicto hasta provocar desenlaces trágicos, con mucha sangre y muertos. Precisamente, de esto último, depende el éxito de esta estrategia.
En esa lógica, la violencia, la sangre y las muertes no constituyen accidentes, sino elementos funcionales para precipitar una crisis política que desemboque en la caída del gobierno.
Precisamente, por ello, la prolongación del conflicto revela el evidente fracaso estratégico. El desenlace previsto no ocurrió. El gobierno, con todos sus errores y debilidades, evitó ingresar plenamente al escenario de confrontación violenta que buscaban quienes promovieron las movilizaciones.
No es casual, entonces, la permanente búsqueda de enfrentamientos. Cada intento de provocar choques con las fuerzas del orden parecía orientado a producir las imágenes necesarias para alimentar una narrativa de represión estatal y convertir las víctimas en bandera política. Sin muertos, la estrategia pierde eficacia; sin sangre, la presión sobre el gobierno disminuye considerablemente.
Es importante recordar aquí que, desde el 2023, Evo Morales ha protagonizado cinco bloqueos, en su enfermizo intento de ser candidato y conseguir impunidad. El bloqueo, desde que fue desplazado del poder, se ha convertido en su principal herramienta política.
En octubre de ese año paralizó durante diez días la conexión entre oriente y occidente, en el marco de la disputa por la sigla del MAS. El 2024, protagonizó otros dos espantosos bloqueos, de dieciséis y veintiún días respectivamente, incorporando ya la exigencia de impunidad. Ese mismo año intentó también precipitar la caída del gobierno de Luis Arce mediante la estrategia de la escalada del conflicto.
En junio del 2025, frustrada nuevamente su aspiración de participar en las elecciones del 17 de agosto, promovió su cuarto ciclo de bloqueos que derivó en hechos violentos, incluida la muerte de efectivos policiales en Llallagua. En aquella oportunidad llegó incluso a reprochar a sus bases por la falta de compromiso, recordando que "Túpac Katari no pedía viáticos", una frase que retrata con crudeza la instrumentalización política de quienes son enviados a sostener las movilizaciones.
En conjunto, desde 2023, Morales ha impulsado 118 días de bloqueo. Prácticamente, la tercera parte de un año. Si tomamos en cuenta que cada día de bloqueo significa una pérdida de alrededor de 112 millones de dólares, Morales, con sus bloqueos ha provocado, en total, una pérdida de 13.216 millones de dólares. Cerca del 30% del PIB actual. ¿Después de tanto daño, como es posible que siga promoviendo bloqueos y “golpes de Estado”, con tanta impunidad y libertinaje?
Las consecuencias económicas son devastadoras. Millones de dólares en pérdidas para productores, transportistas, operadores de turismo, comerciantes, exportadores, industrias y trabajadores por cuenta propia. Pero el daño trasciende lo material. Familias separadas, enfermos sin atención oportuna, alimentos echados a perder, ciudades desabastecidas y miles de ciudadanos sometidos a una incertidumbre permanente, forman parte del costo humano de esta estrategia.
Lo más inquietante es que ese sufrimiento parece irrelevante para quienes impulsan estas medidas. El daño causado a la población no constituye un efecto no deseado, sino un mecanismo de presión política. Cuanto mayor es el caos, mayor es la expectativa de alterar el equilibrio institucional.
Pues bien, después de más de cincuenta días, el balance resulta inevitable.
El principal objetivo político no fue alcanzado. El gobierno continúa en funciones y su estrategia de desgaste logró evitar el desenlace esperado. Paradójicamente, quienes apostaron por los bloqueos indefinidos terminan enfrentando un creciente aislamiento. La COB y Evo Morales, políticamente, son los principales perdedores.
Mientras tanto, Bolivia vuelve a pagar un precio extraordinariamente alto por una forma de hacer política basada en el conflicto permanente. Un país que necesita inversión, estabilidad y crecimiento continúa atrapado en una lógica donde el bloqueo sustituye al debate y la confrontación reemplaza al diálogo.
Ese es, quizás, el saldo más doloroso de esta crisis. Después de semanas de enormes pérdidas económicas, sufrimiento ciudadano y fractura social, nada sustancial ha cambiado. Solo queda un país más empobrecido, más polarizado y más agotado.
Y esa, probablemente, sea la mayor derrota.
(*) Rolando Tellería es profesor de la carrera de Ciencia Política de la Universidad Mayor de San Simón