El paro cívico de 24 horas que ayer paralizó al departamento del Beni no fue una medida política ni una acción improvisada: fue un acto de desesperación colectiva. Fue el grito de una región que, cansada de las cartas formales y las promesas incumplidas, decidió recurrir a la protesta para hacerse escuchar. No hay medicamentos, no hay insumos, no hay respuesta. La vida —como siempre— se juega en las salas colapsadas de los hospitales o en los cuartos oscuros donde los enfermos esperan lo que el Estado no provee.
Hoy, un día después, mientras la actividad se reanuda lentamente, lo que queda es el eco de una demanda legítima y la amarga constatación de que, en Bolivia, todavía hay regiones completamente fuera del radar gubernamental.
El epicentro del malestar es el sistema de salud, que en Beni se encuentra al borde del colapso. El gobernador Alejandro Unzueta explicó que, desde hace más de dos semanas, el Servicio Departamental de Salud (Sedes) viene solicitando al Gobierno el desembolso para el funcionamiento del Seguro Universal, además de más de mil ítems de personal para cubrir las necesidades más urgentes. “La situación era caótica”, afirmó. “Nos declaramos en emergencia, dimos un plazo de 72 horas y no hubo respuesta. Solo entonces nos vimos obligados a acudir al paro, que fue masivo y contundente”. Este jueves, recién después de la protesta, se produjo un contacto oficial: la ministra de Salud llamó para instalar una reunión interinstitucional. “Tuvieron que esperar que haya un bloqueo”, lamentó Unzueta.
En municipios como Riberalta, la situación es todavía más dramática. En plena ola de fiebre y enfermedades transmitidas por vectores, el hospital municipal no cuenta con cardiólogos ni especialistas; los pacientes graves deben ser trasladados —cuando pueden— a Trinidad. La ausencia de equipos, de medicamentos esenciales y de personal capacitado no es solo un problema coyuntural: es la expresión de un abandono estructural. Los trabajadores del sector salud, agotados y sin recursos, lo resumen con crudeza: “Estamos en el abandono total”.
El drama de Beni y de otros puntos del norte amazónico no se puede explicar sin abordar el centralismo que sigue caracterizando al Estado boliviano. Son regiones extensas, biodiversas, estratégicas para el país, pero postergadas por su lejanía geográfica y baja densidad poblacional. Ese razonamiento demográfico no puede seguir justificando la marginación. El Estado no puede comportarse como una administración de lo urbano: su deber es garantizar derechos, servicios y dignidad a todos, sin importar cuántos vivan en cada kilómetro cuadrado.
Resulta inaceptable que la única forma de obtener respuesta del Gobierno nacional sea cerrar carreteras. Es un patrón que se repite: las regiones alejadas deben entrar en conflicto para ser escuchadas. Las demandas de salud, educación o infraestructura son tratadas como amenazas políticas, no como lo que realmente son: derechos básicos. En lugar de anticiparse a las crisis, la administración central responde tarde y con reticencia, reduciendo a boletines y descalificaciones lo que debería ser una política pública sostenida.
Beni merece más. Pando también. El norte amazónico no puede seguir siendo el margen invisible del Estado. La desigualdad territorial es uno de los grandes obstáculos para la democracia y la cohesión nacional. Mientras no se revierta esa injusticia, no habrá unidad posible ni paz sostenible.
El paro fue breve, pero el reclamo es profundo. ¿Responderá el Estado con hechos esta vez, o volverá a guardar silencio cuando se apaguen los focos?