En el análisis de la arquitectura jurídica del centralismo explicamos cómo la delegación irreversible de competencias vacía de poder burocrático al nivel central. Sin embargo, en la política real, las leyes y los decretos son solo tinta sobre papel si no cuentan con el respaldo de un presupuesto. El centralismo boliviano conoce perfectamente esta regla y, a lo largo de la historia, ha perfeccionado su estrategia más efectiva: transferir responsabilidades a las regiones, pero quedarse con la billetera.
Otorgar a un gobierno autónomo la gestión de la salud, la educación o la seguridad ciudadana sin transferirle los recursos económicos equivalentes no es descentralizar el poder; es descentralizar la crisis. Por eso, el pilar económico-fiscal del Proyecto Nueva Relación con el Estado no es un tema técnico secundario, sino el blindaje indispensable para que la autonomía sea viable, real y sostenible.
1. La anatomía del ahogo: Cómo funciona la trampa fiscal
Para entender por qué es urgente un cambio, primero debemos desarmar el mecanismo de asfixia que el centralismo aplica sobre las regiones. Actualmente, el Estado central concentra más del 80% de los recursos públicos nacionales, dejando menos del 20% a ser distribuido entre los 9 departamentos, los más de 330 municipios y las universidades públicas.
Esta gigantesca asimetría no es casual; es un diseño político que opera bajo tres candados financieros:
- La Cuenta Única del Tesoro (CUT): Los recursos de las regiones están centralizados en cuentas controladas por el nivel central. Las Entidades Territoriales Autónomas (ETA) no tienen soberanía real sobre sus flujos de caja; dependen de habilitaciones, firmas y burocracia centralizada para disponer de su propio dinero.
- La imposición de techos presupuestarios: El Ministerio de Economía decide arbitrariamente cuánto puede gastar una región, limitando su capacidad de planificación a mediano y largo plazo, independientemente de sus necesidades reales o de lo que recaude internamente.
- Las transferencias "envenenadas": Históricamente, el nivel central ha transferido la administración de servicios de alto costo (como el mantenimiento de hospitales de tercer nivel o el pago de servicios básicos de la policía) a las regiones, pero sin tocar las fuentes principales de recaudación tributaria nacional. Las ETA terminan asfixiando sus presupuestos de inversión solo para cubrir costos operativos que antes pagaba el Estado central.
2. La regla de oro: "Competencia delegada, recurso transferido"
La propuesta del proyecto corta este nudo gordiano mediante una reforma constitucional y administrativa que establece un principio de indexación automática: toda transferencia de competencia legal activa de forma automática e inmediata la transferencia de su respectivo flujo financiero.
¿Cómo funciona este blindaje en la práctica para evitar la discrecionalidad política?
- Indexación de origen: Si la competencia de administrar y mantener la red vial fundamental de un departamento se transfiere a su gobernación, el porcentaje del presupuesto general del Estado que antes se destinaba a la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) para ese territorio se transfiere directamente y por ley al presupuesto regional.
- Mecanismo de débito automático: Si el nivel central del Estado decide retrasar, condicionar o congelar la transferencia de los fondos correspondientes a una competencia ya delegada, la ley faculta a la región a realizar un débito automático de las cuentas nacionales para garantizar la continuidad del servicio público (salud, educación, caminos). El dinero deja de ser un rehén político.
3. Las tres reformas del nuevo Pacto Fiscal
Un verdadero Pacto Fiscal no es un simple debate aritmético para ver quién se queda con un punto más o un punto menos de la coparticipación tributaria actual. Es una reconfiguración total de la corresponsabilidad económica a través de tres reformas de fondo:
A. Rediseño de la coparticipación tributaria nacional
El modelo actual de distribución de impuestos nacionales (IVA, IT, IUE) debe invertirse para corregir la asimetría histórica. La propuesta plantea que una parte sustancial de los impuestos generados en el territorio se quede en el territorio de forma directa. Las regiones que generan certidumbre, atraen inversiones y formalizan su economía deben ver reflejado ese esfuerzo en sus propios presupuestos para financiar su infraestructura y servicios.
B. Potestad tributaria y creación de valor regional
Las autonomías no solo deben ser receptoras de recursos, sino generadoras de sus propias finanzas. El proyecto impulsa que las ETA tengan la competencia exclusiva para legislar sobre tributos locales y diseñar incentivos fiscales. Esto permitirá a las regiones competir sanamente entre sí para atraer inversiones: por ejemplo, reduciendo temporalmente ciertos impuestos locales para empresas que se instalen en zonas industriales estratégicas o que generen empleo juvenil masivo.
C. Desburocratización y acceso al crédito
Actualmente, si un gobierno municipal o departamental quiere acceder a un crédito internacional o emitir bonos para construir un hospital, necesita la autorización y el aval del Ministerio de Planificación en La Paz (el trámite del VIPFE). Este candado político debe eliminarse. Con una salud financiera certificada y presupuestos blindados, las regiones deben tener la libertad de estructurar alianzas público-privadas (APP) y acceder a financiamiento externo de manera soberana para acelerar sus proyectos de desarrollo.
Conclusión: El dinero donde están los problemas
El blindaje financiero no busca aislar a las regiones ni desfinanciar al Estado nacional en sus tareas esenciales (como la defensa o las relaciones exteriores). Lo que busca es equilibrio y eficiencia. Cuando el dinero público se administra desde el territorio, el control social es inmediato, la fiscalización ciudadana es más fácil y cada boliviano rinde mucho más porque se gasta sin intermediarios burocráticos.
Sujetar el dinero al lugar donde se generan los problemas y las soluciones es la única forma de garantizar que la autonomía sea real e irreversible. Con las leyes claras y el presupuesto asegurado, el siguiente paso es poner a funcionar la maquinaria: liberar los motores económicos regionales para multiplicar la riqueza, materia de nuestro próximo análisis.
(*) MSc. Fernando Larach Santistevan, ex presidente del Comité pro Santa Cruz