Los dos extremos son malos.
No podemos limitarnos a denunciar la violencia de los bloqueadores y emitir lastimeras quejas contra la incapacidad del gobierno de acabar con ellos. Quejarse es un alivio para muchos. No ayuda en absolutamente nada a resolver la situación.
El otro extremo pasa de lo inútil a lo peligroso.
Atacar por mano propia a los bloqueadores es arriesgar la propia vida y caer en el riesgo de cometer asesinatos. Además es dificultar la labor de policías y militares, que tendrán que ocuparse de evitar confrontaciones directas entre bloqueados y bloqueadores.
¿Qué podemos y debemos hacer para combatir los bloqueos?
El alcalde de Quillacollo convocó a los concejales y la población local para que lleven api con empanadas a la policía que estaba pasando hambre y frío al asediar a los bloqueadores. Ese fue un apoyo real. Reconoció el sacrificio y el esfuerzo de la policía.
Los que le exigen mano dura al gobierno no toman en cuenta que policías y militares de alta graduación se han formado en las escuelas anti imperialistas del populismo. El presidente debería invitar a Tuto para que aplique sus recetas desde el ministerio de gobierno.
Los bloqueados somos la inmensa mayoría del país. Si existen 50 o 100 mil bloqueadores, los bloqueados somos más de 10 millones. Si se diera un mano a mano físico, los bloqueados haríamos pito con los bloqueadores. Eso resultaría en una guerra civil.
Nadie sabe cómo y cuando termina una guerra civil. Solamente se sabe que quedan miles de muertos y heridos. Eso es algo que debemos evitar por todos los medios a nuestro alcance. Solamente los organizadores de los bloqueos difunden una consigna tan criminal como esa.
Salir a calles y caminos en apoyo a militares y policías de una manera totalmente pacífica sirve para demostrar a los bloqueadores varias cosas. Primero que somos muchos más que ellos. Segundo que no nos dejaremos bloquear sin hacer absolutamente nada. Tercero que apoyamos a las fuerzas del orden. Cuarto que confiamos en que el gobierno despeje los bloqueos tarde o temprano.
La justificación de los bloqueadores es que representan a las inmensas mayorías del país. Se arrogan una representación que pretende estar por encima de los resultados electorales. Bajo esa bandera cualquiera puede hacer cualquier cosa tan solo levantando el nombre de todos. Bajo ese argumento tapan su objetivo de retomar el poder y acceder a sus beneficios.
El racismo, la exclusión, la pobreza, la falta de combustibles, el encarecimiento de la canasta familiar o la enorme cantidad de necesidades insatisfechas son realidades innegables bajo un gobierno que ha heredado un presupuesto desfalcado. Nada de eso justifica bloqueos masivos para forzar la renuncia del presidente.
En el improbable caso de que los organizadores de los bloqueos retomen el poder, terminarán peleándose unos contra otros por minúsculas migajas. No podrán repartir plata para mantenerse en el poder. La vaca del gobierno ya no tiene leche. Se caerán en días o semanas. El caos total que vendrá después será absolutamente desastroso tanto para ellos como para todos los demás.
Vista de una manera superficial nuestra sociedad es heterogénea y multiforme. Un agudo observador del siglo pasado la calificó de “abigarrada.” Vista con mayor objetividad, la sociedad boliviana revela un rasgo común a todos sus sectores, a todas sus clases sociales y a todas sus etnias.
La mayoría de los bolivianos trata de arrancar ventajas, poder y dinero al gobierno. Así de sencillo y así de profundo. Pobres y ricos pelean por maximizar su tajada de la torta pública. Pocos están dispuestos a ceder su parte y aceptar una distribución equitativa de los recursos públicos.
Los bloqueos exponen la debilidad de una sociedad que todavía no es plenamente civil, o que tal vez sea incivil o anti civil. Una sociedad plena tendría muchas maneras de combatir los bloqueos. Vale la pena evaluar una sugerencia de Enrique Velazco en Brújula Digital del 11 de junio:
“… iniciar acciones legales por daños y perjuicios dirigidas individualmente a cada uno de los dirigentes de las organizaciones que convocan a los bloqueos, y de las personas que pudieran ser identificadas en las acciones de violencia para imponerlos.”
Enrique se preocupa sobre si la administración de justicia haría cumplir las leyes vigentes.
No hay leyes que dicten treinta años de prisión para los estrategas de los bloqueos, diez años para los dirigentes que operan en el terreno y un año para los engatusados que reciben plata y amenazas para cometer delitos. No está claro que la asamblea se dignará aprobarlas.
No basta con defender la democracia de labios para afuera.
Nuestro endeble proyecto democrático nos exige salir de nuestra comodidad para construir alianzas que promuevan una mayor confianza y cooperación entre sectores, regiones, etnias y clases sociales, en vez de tratar de sacarle tajadas al gobierno.
¿Será que nos atrevemos a hacerlo?
(*) Walter Guevara Anaya es analista