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Una seguidilla de bloqueos en lugares estratégicos del país son efecto de una campaña política desesperada del MAS, partido que no conoce otra forma de expresarse y de ganar votos en democracia, sino a través de la confrontación y la generación de violencia. Estas protestas, dizqué espontáneas, surgen después de que el rodillo masista aprobara la Ley de Postergación de Elecciones, en la que impone que los comicios deben realizarse hasta el 2 de agosto.

Con cacerolazos y haciendo detonar petardos, en primera instancia, después con bloqueos y ataques a vehículos de servicio público en El Alto, o la estación de policías en Yapacaní, las acciones de los afines al MAS han ido escalando en violencia hasta rayar en el delito.

En El Alto, en Cochabamba y en Yapacaní, los bloqueadores han agredido a médicos y a enfermeras, poniendo en peligro la situación y la seguridad de miles de ciudadanos que tienen derecho a la salud. Es decir, con estas acciones están vulnerando derechos fundamentales amparados por la Constitución Política del Estado.

Sin Evo Morales en Bolivia, pretenden reeditar los cercos a las ciudades más pobladas del país. Es un atentado contra la salud que en K’ara K’ara se hubiera impedido el paso de camiones cargados de basura. En El Alto bloquean accesos a la sede de gobierno y en Yapacaní impiden el paso de decenas de vehículos que transportan alimentos al resto del país. No hay que meditar mucho para concluir que la estrategia de Morales y sus seguidores es la misma, en octubre del año pasado y ahora.

Como si la población fuera tonta, varios dirigentes masistas aseguran que este partido no está detrás de estos actos, lo que no explican es por qué –si supuestamente protestan porque tienen necesidad de trabajar- los bloqueadores coinciden en demandar la renuncia de la presidenta transitoria Jeanine Áñez.

Lo que no se puede comprender es por qué el Gobierno central permite estas protestas, por qué en vez de aplicar la ley y desbloquear, van a dialogar con quienes no están dispuestos a transar, con quienes solo aspiran a la solución por la vía del desastre.

Por otro lado, también hay que cuestionar por qué el fiscal general del Estado no investiga las reales motivaciones de que se estén vulnerando la Constitución Política del Estado y las normas nacionales.

Hay una inacción de los organismos llamados por ley a mantener el orden. Mientras tanto, las protestas van aumentando y poniendo en el centro de la escena el conflicto social. Habrá que ver quién gana con esta estrategia. Quizás la cosecha es política y tiene que ver con la polarización del electorado. Lo que queda claro es que pierden todos los bolivianos y el precio es demasiado alto. Si no hay autoridades que pongan orden, es la ciudadanía la que debe castigar con el voto este tipo de actitudes.

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