Lorenzo Gabriel Dávalos Baigorria
En estos tiempos en las que las dificultades que atravesamos como país en materia económica han alcanzado su pico más alto, en las que se evidencian en los diversos segmentos de la sociedad, entre ellos el sector empresarial, ha manifestado con notable preocupación la necesidad de replantear la economía boliviana de manera íntegra, para dar certidumbre a los principales desafíos económicos que enfrenta el país, los cuestionamientos y dudas, trascienden las cifras macroeconómicas, afectan la estabilidad y la sostenibilidad de las empresas en todos sus niveles y de manera directamente proporcional afecta el bienestar de millones de familias bolivianas.
Frente a este preocupante escenario no podemos evitar mirar con un enfoque diferente nuestro Código Tributario y la Administración Tributaria que hace gala de su presión tributaria de manera muy asfixiante. En este sentido hacer énfasis en una mirada tributaria ya es una necesidad inmediata, revisar y ajustar las políticas tributarias vigentes con la exigencia de la realidad económica actual.
¿Es necesario reducir la carga impositiva? miremos.
La estructura tributaria y las barreras institucionales en nuestro país, dificultan el desarrollo empresarial y fomentan la informalidad y el contrabando. La presión fiscal junto a la complejidad del sistema tributario boliviano, con una institucionalidad frágil y procedimientos para la defensa del contribuyente demasiados costosos, impone barreras significativas para las empresas formales.
Uno de los mayores desafíos es el Impuesto a las Transacciones (IT), que opera como un impuesto en cascada y afecta desproporcionadamente a las empresas con márgenes bajos y alta rotación de inventario, complicando su operatividad. Además, la carga fiscal inicial para una nueva empresa, donde el gobierno toma un 84% de sus ingresos en el primer año, junto con la necesidad de realizar 42 pagos tributarios anuales (frente a un promedio de 28 en América del Sur), desalienta la formalidad. Estos factores, sumados a la desproporcionalidad de las multas, crean un entorno que promueve la informalidad y el contrabando, ya que operar fuera de la legalidad puede parecer más viable que cumplir con las onerosas obligaciones fiscales y administrativas.
La informalidad en Bolivia es un problema sistemático y estructural que obstaculiza el desarrollo económico, debilitando la recaudación fiscal, la productividad, y el crecimiento económico a largo plazo. En 2019, el 80% de la fuerza laboral en Bolivia se encontraba en la informalidad, lo que significa que solo el 20% de los trabajadores estaban en empleos con adecuados grados de seguridad social (de corto y largo plazo) e industrial. Este alto nivel de informalidad tiene múltiples repercusiones negativas. En términos fiscales, la informalidad reduce significativamente la base imponible, lo que provoca una menor recaudación de impuestos. Por ejemplo, solo el 30% del consumo de ciertos productos, como textiles y calzados, proviene de importaciones legales, mientras que el resto se atribuye al contrabando y a la informalidad. Esta situación también afecta gravemente a la productividad y competitividad de la economía boliviana.
¿Entonces qué medidas se deben adoptar al decadente sistema tributario?
Un programa de devolución tributaria que incluya incentivos para el sector informal podría aumentar significativamente la recaudación y mejorar la formalidad en Bolivia. La informalidad en Bolivia es un desafío considerable, afectando tanto la recaudación fiscal como la estructura económica. Un enfoque para abordar este problema es la implementación de un programa de devolución tributaria que incentive a los trabajadores y empresas informales a integrarse al sistema formal. El programa de devolución impositiva puede compensar la reducción en la recaudación del Impuesto a las Transacciones (IT) -en la hipótesis de eliminar este impuesto- y, al mismo tiempo, incentivar la formalización de la economía boliviana.
Es muy necesario implementar medidas de ajustes tributarios profundos y manejar las finanzas públicas como se maneja a nivel privado, es decir, Bolivia como empresa para enfrentar la crisis y para promover una pronta recuperación. Adicional a ello, promover mecanismos que permitirían su implementación sin afectar a la población más vulnerable con esquemas de transferencia que focalicen y optimicen la política social.