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Si el Gobierno de Luis Arce cree que ignorando, ninguneando o reprimiendo la protesta de Santa Cruz, y ahora también Potosí, va a superar la crisis más grave de su gestión, es que no entiende de política ni aprende de la historia reciente de un país que ha dado señales suficientes para saber que aquí un conflicto tiene una trayectoria circular, en espiral, de adentro hacia afuera: día que pasa, la tensión y la violencia se hacen más grandes.

Tres días después de una paralización prácticamente total en Santa Cruz, en la ciudad todos comparan estas jornadas con los históricos 21 días de 2019: son las mismas “pititas”, los mismos vecinos, las mismas ollas comunes, las mismas rotondas, el mismo protocolo de bajar de la bicicleta y pasar caminando el punto de bloqueo, la misma pausa de reabastecimiento, y esta vez un prematuro cansancio con un Gobierno que en poco tiempo ha cruzado la línea del desencanto y la desconfianza.

¿Qué está esperando el Gobierno para dar una respuesta a las demandas por ahora contadas de los sectores movilizados? Si Luis Arce necesitaba una cuerda de donde sujetarse para comenzar a atender los reclamos y contribuir a la normalización del país, esa cuerda se la han extendido los alcaldes de Santa Cruz y Tarija con sendas cartas que piden diálogo, y ayer también la Iglesia católica que se ofreció para facilitar el entendimiento.

Aún es tiempo para detener el avance del fuego antes de que el incendio se torne incontrolable; aún es tiempo de frenar la represión policial y la actuación de elementos paramilitares armados y encapuchados que operan con protección de la Policía Nacional y ocupando vehículos que están bajo el control del Ministerio de Gobierno.

Enviar a enfrentar a bolivianos contra bolivianos es una estrategia importada de la Venezuela de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, que es precisamente lo que no quieren los bolivianos. De hecho, si por una razón la ley 1386 y otras se rechazan es porque se teme que conducirán a Bolivia al camino de ese país y de Nicaragua, ambos aliados de Luis Arce.

No tiene el Gobierno que esperar más muertos. Ya hay uno, y los muertos no son de uno o de otro bando, son bolivianos por igual que enlutan al país. Los fallecidos no son trofeos, y no debieran utilizarse para “armar casos” ni cacería de brujas con motivación política. Un muerto es el fracaso de la política; es el lenguaje de la violencia. Si hay un muerto es porque prevaleció el enfrentamiento y no el diálogo, que es de lo que tendría que ocuparse la política.

Tampoco la represión y el abuso policial es la vía. Un policía que a un metro de distancia rocía gas en el rostro de una mujer indefensa que está de rodillas es un policía cobarde que no merece haber nacido del vientre de otra mujer. Policías armados hasta los dientes encañonando a niños o jóvenes en bicicleta son igual de cobardes que el primero; es la derrota del Estado de derecho, es la prevalencia del autoritarismo; es el anuncio de la llegada del terrorismo de Estado.

El presidente Luis Arce, el vicepresidente David Choquehuanca, los ministros Eduardo del Castillo e Iván Lima o quienes los dirijan a control remoto o esconden otras intenciones o ignoran que la represión policial solo enardece los ánimos de los que protestan y si algo consiguen es alentar a continuar y sumar más simpatizantes al paro o el bloqueo con más fuerza que antes.

Así comienzan las grandes tragedias humanas. Que alguien le diga al presidente que se detenga, que ese no es el camino, que escuche los llamados al diálogo, que escuche al pueblo. Él es presidente incluso de los bolivianos que hoy están en paro y en bloqueos, y es su obligación escucharles.

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