Bolivia, el reino del revés
El fiscal Juan Lanchipa, de actuación dudosa por su evidente alineamiento con el Movimiento Al Socialismo, decidió dar por cerrado el caso del fraude electoral de 2019 apoyado en un estudio privado que él encargó a tres consultores españoles -dos alumnos y un docente- a quienes entregó la documentación para que le digan que el 20 de octubre de aquel año no hubo fraude.
Es decir, Lanchipa hizo lo mismo que cuando una persona le lleva una tela al sastre y le pide que le tome las medidas para confeccionarle un traje. Naturalmente, el resultado será un traje hecho a medida y del color elegido por el cliente.
Y lo hizo ignorando que el Estado boliviano le pidió formalmente, con la firma del entonces presidente Evo Morales, una auditoría a la Organización de Estados Americanos (OEA) al proceso electoral de 2019, el mismo que la OEA realizó a condición de que sea vinculante, requisito que el Gobierno boliviano aceptó.
Esa auditoría, realizada por expertos internacionales por encargo de una organización internacional de la talla de la OEA y no por particulares estudiantes de informática pagados que entregaron un documento sin ninguna validez legal, constató que el 20 de octubre de 2019 se produjo un fraude electoral que cambió los resultados de la votación en beneficio del candidato Evo Morales.
Por esa misma razón, el candidato-presidente Evo Morales anuló las elecciones, destituyó a los vocales electorales de aquel año y convocó a nuevas elecciones.
Ese es el estudio, el de la OEA, que la Fiscalía debe tomar en cuenta en el proceso, y ningún otro solicitado por encargo.
Entre octubre y noviembre de 2019, en el país se produjo una protesta de millones de personas en todas las ciudades que se rebelaron contra el fraude con tal fuerza, que a Morales no le quedó otra alternativa que renunciar al poder y huir del país. Esos fueron los hechos. No es posible sobrescribir la historia negando lo que ocurrió. Podrá la Fiscalía, alentada por el gobierno del MAS, echar alquitrán sobre la historia, pero no por ello logrará cambiarla.
¿Cuál es el objetivo final de la acción del fiscal Lanchipa al dar por cerrado el caso del fraude electoral? Coincidentemente, el MAS y los vocales electorales procesados en 2019 ven con buenos ojos el estudio de la consultora contratada por la Fiscalía y a la luz de esos resultados anuncian ahora procesos contra los líderes políticos y cívicos que denunciaron y acusaron a personas por el fraude.
Es decir, coincidentemente, todo apunta a que se pretende encarcelar a los líderes políticos de la oposición, como ya lo vienen haciendo con los jefes militares de aquel año, y si según el fiscal no hubo fraude, entonces probablemente darán por válidos los resultados del 20 de octubre de 2019, y con esa nueva “verdad” legalizada, sellada, judicializada, se podría pretender el retorno de Evo Morales al poder, como candidato que según ese juicio habría “ganado” las elecciones en primera vuelta.
En el reino del revés nadie baila con los pies, un ladrón es vigilante y otro es juez, y dos y dos son tres, decía el verso de la poeta argentina María Elena Walsh a mediados del siglo pasado. Muchos años después, Bolivia ha demostrado que aquí también, como en aquella poesía infantil, todo es posible. Así, los que hicieron el fraude pueden aparecer como las víctimas y los que lo denunciaron, como culpables. A su manera, tristemente nuestro país se ha convertido en un reino del revés.
