Bolivia atraviesa uno de los momentos más decisivos desde la recuperación de la democracia en 1982. La crisis actual no puede interpretarse únicamente como una disputa entre liderazgos políticos o como una confrontación circunstancial entre facciones del oficialismo y la oposición. Lo que observamos es el agotamiento de un ciclo histórico y la necesidad de construir un nuevo pacto nacional basado en libertad, institucionalidad, desarrollo y diversidad regional.
Durante casi dos décadas, el proyecto político del Movimiento al Socialismo consolidó una hegemonía inédita en la historia republicana. Favorecido por los altos precios internacionales de las materias primas, especialmente del gas natural, dispuso de recursos extraordinarios que permitieron reducir la pobreza y ampliar la presencia del Estado.
Sin embargo, esa bonanza también ocultó problemas estructurales que nunca fueron resueltos: escasa industrialización, baja productividad, dependencia de materias primas, debilidad institucional y un sistema educativo incapaz de preparar al país para los desafíos de la economía del conocimiento.
Al mismo tiempo, se produjo una creciente concentración del poder. La independencia de las instituciones fue cuestionada, la meritocracia fue desplazada por la lealtad política y el Estado comenzó a confundirse con el partido gobernante y con determinadas organizaciones corporativas.
Cuando la renta gasífera disminuyó, las fragilidades acumuladas quedaron expuestas.
Hoy Bolivia enfrenta simultáneamente una crisis económica, una crisis institucional y una crisis de proyecto nacional.
La reducción de la producción de hidrocarburos, la escasez de divisas, el déficit fiscal persistente y la creciente dependencia de importaciones energéticas muestran que el modelo económico ha llegado a un punto crítico.
Pero el problema más grave no es económico. El problema central es institucional.
Cuando los ciudadanos dejan de confiar en la justicia, en los órganos electorales y en la capacidad del Estado para actuar de manera imparcial, la política abandona las instituciones y regresa a las calles.
Es allí donde aparece el principal riesgo para Bolivia.
Ningún país puede desarrollarse cuando los bloqueos paralizan sistemáticamente la producción, cuando la presión corporativa sustituye al debate democrático y cuando la movilización permanente condiciona las decisiones nacionales.
La experiencia latinoamericana ofrece lecciones claras. Venezuela demuestra los peligros de la concentración indefinida del poder. Perú evidencia los costos de la fragmentación institucional. Argentina muestra las consecuencias de la inestabilidad económica recurrente. Por el contrario, Chile y Uruguay han logrado sostener su desarrollo gracias a instituciones capaces de procesar diferencias políticas sin poner en riesgo la gobernabilidad.
Bolivia debe decidir cuál de esos caminos seguirá.
La solución no consiste en reemplazar un liderazgo por otro. La verdadera tarea es construir instituciones más fuertes que cualquier liderazgo.
Para ello resulta indispensable avanzar hacia una nueva etapa de autonomías. No como una amenaza a la unidad nacional, sino como una herramienta para acercar las decisiones al ciudadano, mejorar la gestión pública y fortalecer la responsabilidad de quienes gobiernan.
Salud, educación, infraestructura, innovación y desarrollo productivo deben gestionarse cada vez más cerca de la gente. Un Estado excesivamente centralizado ha demostrado sus limitaciones.
Asimismo, el debate sobre el federalismo no debería ser un tabú. Lo importante no es la denominación del modelo, sino su capacidad para garantizar libertad, desarrollo, equilibrio territorial y oportunidades para todos los bolivianos.
Existen diferencias evidentes entre oriente y occidente, entre áreas urbanas y rurales y entre distintas visiones culturales y económicas del país. Pero transformar esas diferencias en proyectos nacionales incompatibles sería un error histórico
La diversidad boliviana debe convertirse en una fortaleza y no en una línea de fractura.
Por ello, la próxima década debería estar guiada por cinco objetivos fundamentales: reconstruir la independencia de la justicia; impulsar una revolución productiva basada en innovación y valor agregado; profundizar las autonomías con responsabilidad fiscal; convertir la educación y la salud en prioridades nacionales; y promover una gran reconciliación entre los bolivianos.
Bolivia necesita pasar de la confrontación a la cooperación. De la dependencia de caudillos a la fortaleza de las instituciones. Del extractivismo a la economía del conocimiento. Del centralismo a la corresponsabilidad territorial.
La discusión histórica ya no es quién gobernará el próximo período. La verdadera pregunta es si seremos capaces de construir una República donde ningún líder, ningún partido y ningún sector corporativo pueda colocarse por encima de la ley.
Ese es el desafío de nuestra generación.
Y de su respuesta dependerá si Bolivia inicia una nueva etapa de prosperidad y estabilidad o si continúa atrapada en los ciclos de confrontación que han limitado su desarrollo durante gran parte de su historia.
* Germán Antelo Vaca, expresidente del Comité Pro Santa Cruz y exsenador