Bolivia entre bloqueos y crisis de combustible: ¿quién paga la factura?
Bolivia se encuentra sumida en una de las crisis políticas y sociales más graves de los últimos tiempos, mientras que, tras 24 días de bloqueos impulsados por Evo Morales, el país sufre no solo el costo económico de la paralización, sino también una imagen cada vez más deteriorada a nivel internacional. Sin embargo, este escenario ya de por sí crítico se ve exacerbado por una crisis de abastecimiento de combustible que ha puesto al sector agropecuario en una situación límite, con consecuencias que afectan a toda la población.
El desabastecimiento de carburantes en el país está golpeando particularmente a los sectores productivos y al transporte. La Asociación de Surtidores de Santa Cruz ha alertado sobre la disminución del suministro diario de gasolina, mientras que la falta de diésel amenaza con paralizar la producción agrícola.
Esta escasez no solo interrumpe la cadena alimentaria, sino que genera desabastecimiento de alimentos y productos básicos, afectando directamente a las familias bolivianas, especialmente a las más vulnerables. Ante esta situación, el sector agropecuario, ha demandado la “liberación urgente” de la importación y comercialización de combustibles, permitiendo la participación de agentes privados para abastecer el mercado nacional.
La crisis de combustible está fracturando las cadenas de suministro de alimentos y cerrando miles de fuentes de empleo en todo el país. Los productores han advertido que, si esta situación no se normaliza, podrían adoptar medidas de presión que intensifiquen el conflicto.
La postura de los productores es clara: el actual sistema de abastecimiento, controlado por el Estado a través de YPFB, ha fracasado y la población está pagando los costos de esta ineficiencia. En este sentido, han propuesto establecer una cadena de suministro mixta, en la que YPFB mantenga sus actividades de comercialización, pero que permita a empresas privadas importar y distribuir carburantes para garantizar el abastecimiento.
Frente a este escenario, la pregunta es: ¿quién asume el costo de esta crisis? Los bloqueos promovidos por Morales no solo han paralizado el país, sino que han desestabilizado la economía y debilitado la imagen de Bolivia en el mundo. A esto se suma la inacción de un gobierno que no ha logrado garantizar el suministro de combustible, generando una factura que millones de bolivianos están pagando con pérdida de empleos, falta de alimentos y una calidad de vida cada vez más baja.
El llamado del sector agropecuario es, en última instancia, una súplica por soluciones inmediatas. Los productores han solicitado una reunión con el presidente en Santa Cruz, para buscar una solución conjunta que permita estabilizar la cadena de suministro. No obstante, si no se implementan soluciones urgentes, el sector agropecuario se ha declarado en estado de movilización permanente, con la determinación de presionar para que su propuesta sea escuchada y ejecutada.
Es urgente que las autoridades respondan a esta crisis de manera estructural, con un enfoque que priorice el bienestar del país sobre los intereses individuales. En una democracia, el gobierno tiene la responsabilidad de garantizar la estabilidad y el desarrollo, pero cuando se anteponen los intereses políticos, la factura de los errores y la inacción recae sobre los ciudadanos.
Bolivia merece un liderazgo que escuche y actúe en pro del bien común, capaz de tomar decisiones valientes que aseguren no solo la paz social, sino también el progreso económico de la nación. La pregunta final es inevitable: ¿cuántos días más de silencio y parálisis podrá soportar un país que ha perdido tanto, y cuánto más deberá pagar su gente por los errores de sus líderes?
