El estado de excepción en Bolivia no es una solución definitiva, es temporal.
La Constitución establece, en los artículos 137 al 140, que el Decreto de Excepción debe ser aprobado por la Asamblea Legislativa Plurinacional, que tiene duración limitada, que es proporcional y sujeto a control constitucional y legislativo, y que no puede vulnerar derechos fundamentales. Y el presidente deberá rendir cuentas a la Asamblea Legislativa Plurinacional (art. 139 de la Constitución Política del Estado).
La historia nos mostró, con el caso de Añez, los problemas que genera actuar fuera del marco constitucional. Aquel estado de excepción no fue aprobado por la Asamblea Legislativa Plurinacional, y fueron más de 30 los muertos.
Por eso, hoy más que nunca, el camino debe ser el diálogo, porque la medida de excepción NO solucionará nada; es temporal y solo causa muerte.
El presidente no puede gobernar solo desde decretos o medidas de presión. Debe dialogar personalmente con todos los sectores, en especial con los que votaron por el binomio Paz-Lara. Porque ningún conflicto social se resuelve con estados de excepción.
Ante pedidos de renuncia, corresponde al presidente Paz decir con claridad: “Soy un presidente electo y renunciar en medio de esta crisis sería una irresponsabilidad”.
Una renuncia implicaría nuevas elecciones, millones de bolivianos en gastos para un país en crisis económica y un periodo transitorio limitado, pues el vicepresidente solo asumiría temporalmente para convocar elecciones en 90 días ( art. 169.II de la CPE).
Ya ocurrió antes: cuando Jorge “Tuto” Quiroga pidió la revocatoria de mandato contra Evo Morales y se sometió al referendo pese a que no existía en la Constitución.
Hoy sí existe la revocatoria del mandato en el artículo 240 de la CPE y puede el presidente señalar a quienes piden su renuncia que, cuando corresponda, presenten, conforme a la Constitución, la iniciativa Legislativa ciudadana para llevar a las urnas a Bolivia para que decida si se quedan o si se van. La revocatoria de mandato es tanto para el presidente como el vicepresidente, pues están unidos jurídicamente.
Ese es el camino democrático: el diálogo, y que, cuando corresponda, el pueblo decida en las urnas si se revoca mandato o no; y no mediante confrontación, menos con el estado de excepción, que solo da solución temporal a los bloqueos, pero con gran riesgo de muertes.
(*) Magda Lidia Calvimontes es ex Asambleísta Constituyente