Bolivia atraviesa una de las crisis más profundas de su historia reciente. A los problemas económicos, el agotamiento del modelo estatal, la pérdida de confianza en la justicia y la creciente conflictividad social, se suma una preocupación estructural cada vez más evidente: la fragilidad institucional de un sistema que concentra demasiado poder en el binomio presidencial.
La situación del binomio Paz-Lara ha vuelto a poner sobre la mesa una discusión que Bolivia ha evitado durante décadas. Más allá de las simpatías o antipatías políticas, la preocupación de fondo es institucional: muchos ciudadanos observan con inquietud la capacidad del Presidente para conducir un país tan convulsionado y, al mismo tiempo, dudan de si el Vicepresidente podría asumir la conducción del Estado en un contexto extremadamente delicado. Independientemente de si estas percepciones son correctas, el simple hecho de que millones de bolivianos se hagan estas preguntas revela una debilidad estructural del sistema político.
Una democracia sólida no debería depender de las virtudes o defectos de dos individuos. Sin embargo, eso es precisamente lo que ocurre bajo el presidencialismo boliviano. Cada cinco años el país deposita su destino en un binomio, esperando que ambos posean las capacidades necesarias para gobernar cualquier eventualidad. Si el Presidente fracasa, el país enfrenta una crisis; si el Vicepresidente genera dudas como eventual sucesor, la incertidumbre se multiplica. Bolivia ha experimentado repetidamente este ciclo: cuando el Presidente acumula demasiado poder, las instituciones se debilitan; cuando pierde autoridad, el Estado se paraliza. El resultado es una concentración permanente y recurrente que ha marcado gran parte de nuestra historia republicana.
Precisamente por ello cobra renovada importancia la pregunta que el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada planteó al proponer el parlamentarismo: ¿debe el destino de Bolivia depender de las capacidades de un binomio, o debemos construir instituciones capaces de funcionar adecuadamente incluso cuando los líderes no estén a la altura? Las democracias más estables del mundo han comprendido que la mejor forma de proteger a una nación no es apostar por gobernantes perfectos, sino diseñar instituciones capaces de corregir errores humanos. En muchos países europeos el gobierno puede ser reemplazado cuando pierde respaldo político sin que ello implique una crisis nacional, porque la continuidad del Estado depende de mecanismos institucionales, no de personas.
Por esta razón, Bolivia debería debatir seriamente una transición gradual hacia un sistema semipresidencial. En este modelo, el Presidente continuaría siendo elegido directamente por el pueblo y conservaría la representación de la unidad nacional, la política exterior y las decisiones estratégicas fundamentales. Sin embargo, la conducción cotidiana del gobierno estaría en manos de un Primer Ministro respaldado por una mayoría parlamentaria. La ventaja es evidente: si un gobierno pierde eficacia o legitimidad, puede ser reemplazado sin provocar una crisis institucional. Este modelo —más cercano al de Francia que al parlamentarismo puro del Reino Unido— también implicaría eliminar la figura de la Vicepresidencia tal como existe actualmente, reemplazando la línea de sucesión por las máximas autoridades legislativas y judiciales, lo que ofrecería mayor estabilidad y previsibilidad institucional.
La discusión sobre la transformación institucional de Bolivia no puede quedar limitada a los círculos académicos ni postergarse para futuros gobiernos. Si existe una lección que deja la historia constitucional boliviana es que las reformas profundas solo han sido posibles cuando actores políticos enfrentados han logrado construir acuerdos mínimos alrededor de objetivos nacionales superiores. La Constitución de 1967, fue creada por los miembros del congreso de esa época que funcionaba en la mañana como legisladores y en las tardes como constitucionalistas, la cual permaneció vigente durante más de cuatro décadas, surgió precisamente de un proceso político que buscó otorgar estabilidad institucional al país y establecer reglas duraderas para la convivencia democrática. El actual ciclo legislativo podría constituir una oportunidad excepcional para abrir ese proceso de reformas constitucionales, construyendo acuerdos amplios entre oficialismo y oposición alrededor de una agenda que trascienda las disputas electorales inmediatas. Toda nueva propuesta constitucional debería ser legitimada a través de un referéndum vinculante.
Para que una transformación de esta magnitud tenga posibilidades reales de éxito, serían necesarios al menos dos pasos políticos previos. Primero, que el presidente Paz impulse un gran acuerdo nacional con todas las fuerzas democráticas representadas en la Asamblea Legislativa, con el objetivo de construir los consensos necesarios para encarar las reformas que Bolivia requiere. Segundo, que el Gobierno asuma explícitamente su carácter de gobierno de transición constitucional, orientado no a consolidar un proyecto político permanente, sino a sentar las bases de una nueva etapa institucional. Ambas medidas enviarían una señal clara a la ciudadanía y a la comunidad internacional de que Bolivia ha decidido embarcarse en un proceso serio y democrático de modernización institucional.
El debate que hoy genera el binomio Paz-Lara debe servir como advertencia y como oportunidad. Advertencia sobre los riesgos de seguir dependiendo de dos personas para garantizar la gobernabilidad. Oportunidad para iniciar una discusión seria sobre las reformas que Bolivia necesita. Las naciones exitosas no son las que siempre eligen a los mejores gobernantes, sino las que han construido instituciones capaces de sobrevivir incluso a los menos preparados. La verdadera transformación democrática consiste en construir instituciones que garanticen gobernabilidad, estabilidad y respeto al Estado de Derecho independientemente de quién ejerza el poder. Esa es la lección que Bolivia debe aprender para dejar atrás las crisis recurrentes y construir una democracia moderna, estable y duradera.
(*) Carlos Ibañez Meier es Ph.D en Economía