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Cuando la cordura prevaleció en el Tribunal Supremo Electoral, que decidió la postergación de las elecciones nacionales para el 18 de octubre, surgen otra vez las estridentes voces de quienes se alimentan de la violencia y el desorden para seguir existiendo. A contramano del sentir mayoritario, exigen elecciones el 6 de septiembre sin que les importe la salud de los bolivianos y recurren al chantaje de la presión callejera para conseguir ese objetivo.

Los últimos acontecimientos obligan a una detención para tomar conciencia de lo que realmente le está pasando al país. Hay que recordar que hace apenas ocho meses salimos de un gobierno acostumbrado a torcer leyes y a romper la institucionalidad para cumplir los deseos del jefe, que a la vez era el presidente, Evo Morales. No importaban los mandatos de la Constitución o de las normas que regían a Bolivia. Lo había anunciado el mismo mandatario cuando dijo: “Le meto nomás, total, después los abogados arreglan”. Frente a esa realidad, están los que se acomodan a esa concepción y pretenden seguir en la misma línea y también los que deciden someterse a esa visión y agachan la cabeza aún a sabiendas de que esa no es la vía correcta.

Eso da como resultado que hay un país, con una población mayoritaria, que termina como rehén de una minoría violenta, ruidosa y díscola, que va subiendo la intensidad de sus amenazas y que ya ha demostrado no tener escrúpulos frente a los daños colaterales de esa forma de actuar (aunque haya muertos como consecuencia).

Bolivia está entre la racionalidad de saber que es imposible ir a las elecciones el 6 de septiembre, por el peligro que esto implica para la salud; porque es altamente probable que se registre un gran ausentismo y porque también existen muchas posibilidades de que sea un proceso que carezca de acompañamiento de observadores internacionales, lo cual es peligroso tomando en cuenta que prevalece la desconfianza ciudadana, después de haber evidenciado un grotesco fraude en octubre de 2019 (hace apenas nueve meses).

Con el MAS en el Gobierno, la nueva Constitución fue aprobada en 2009 y en ella se define que el Tribunal Supremo Electoral es un poder del Estado, que tiene independencia y autonomía con relación a los otros poderes. En esa misma línea, el Órgano Electoral es el llamado a definir la fecha de las elecciones y organizarlas. Por eso, está claro que el día de votación no tiene que tener el visto bueno ni del Poder Ejecutivo ni del Legislativo. Mal hacen dos vocales disidentes pidiendo que sea el Congreso el que ponga la fecha.

La decisión de postergar las elecciones hasta el 18 de octubre responde a evidencias científicas que muestran el grado de contagio de la pandemia en Bolivia. Al frente se encuentra un partido político, el MAS, que es el único que se opone y que no acepta ninguna decisión institucional porque pretende retomar el poder a toda costa y porque cree que gana adeptos sembrando violencia. No hay que olvidar que muchas autoridades de esta tienda partidaria se ocuparon de negar el virus cuando éste llegó al país y que fueron cambiando el discurso a medida que las evidencias de contagio y dolor eran demasiado contundentes. No es extraño entonces que ahora quieran ignorar los informes científicos, para que prevalezca su propia agenda.

Bolivia no puede seguir siendo rehén de líderes irresponsables, aunque sus voces sean estridentes. Así como se pudo resistir frente a las amenazas de un poder totalitario en octubre y noviembre pasados, es preciso que prevalezca la conciencia y la censura para quienes quieren convulsionar al país. Los bolivianos ya están demasiado golpeados por el saldo que deja la pandemia, apenas nos curamos de un fraude electoral y de la amenaza de guerra civil, ya basta de seguir aceptando nuevos golpes que solo mellan la paz social y la institucionalidad de la democracia.