Opinión

Brutal linchamiento

El Deber 17/5/2017 04:00

Escucha esta nota aquí

Johnny Pizarro Miranda fue colgado por una turba enardecida en San Julián. Una vida más se cobra la justicia por mano propia en un país con Estado ausente, donde no cesa la violencia y reina la ley del más fuerte. El hombre, de 38 años, había sido detenido junto con otros presuntos implicados en el asesinato de un mototaxista. Los enardecidos lograron sacar a Pizarro de la cárcel y realizar un ‘juicio sumario’ ante una jueza en la plaza de la población. No satisfechos con el fallo de facto, los enfurecidos lo golpearon, lo quemaron y, luego, lo colgaron de un palo. 

Es el retrato de territorios donde rige la ley de la selva. Donde la Policía, la Fiscalía y la Justicia estatal son arrasadas por los violentos con total impunidad y el marco de una violencia desenfrenada. El asesinato de Pizarro es apenas la punta del ovillo de un fenómeno cada vez más extendido en Bolivia. Con más de 30 linchamientos al año en promedio, el país figura en la lista de países con mayor cantidad de ajusticiados fuera de la ley, pese a las acciones del Gobierno para fortalecer a la Policía y a la Justicia. Lo grave es que en las últimas encuestas, más del 37% de los consultados respalda este brutal medio de ajusticiamiento.

Es que dichos esfuerzos parecen insuficientes cuando no se dan las señales correctas para enfrentar la crisis de la justicia, en particular por la manipulación de los procesos y la politización de todo el sistema. No es posible combatir la violencia vinculada al narcotráfico cuando se flexibilizan los frenos a la producción de coca, principal insumo de la cocaína. No es posible pedir a los policías rasos ni a los operadores de justicia que resuelvan el conflicto cuando en las cúpulas campea el favor político, la corrupción y el privilegio. No es posible combatir estos asesinatos cuando hay sectores de la sociedad permisivos a tomar la justicia en las propias manos sin dejar que actúen la Policía y la Justicia tal como debe ser en cualquier caso.

Toda persona tiene derecho a un juicio justo y, aún en caso de ser hallada culpable, la Constitución Política del Estado y la legislación boliviana no contemplan como sanción la pena de muerte en ninguna de las jurisdicciones, ni siquiera en la denominada justicia comunitaria. 

Por ello, el linchamiento es un asesinato liso y llano que merece la máxima sanción. Ojalá que este caso ocurrido en San Julián no caiga, como muchos otros, en el saco de la impunidad. 

Comentarios